Contraloría detectó 56 funcionarios maulinos apostando en casinos pese a prohibición

Un total de $116 millones apostaron servidores públicos de 23 comunas de la Región del Maule, contraviniendo la ley que les impide el ingreso a salas de juego.

01 de Abril del 2026 · 08:08
Contraloría detectó 56 funcionarios maulinos apostando en casinos pese a prohibición
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La Contraloría General de la República reveló que 56 funcionarios municipales de 23 comunas de la región del Maule realizaron transacciones en casinos de juego. Estas operaciones sumaron un total de $116.075.918 entre enero de 2024 y junio de 2025.

Los servidores públicos involucrados se encontraban legalmente prohibidos de efectuar apuestas. La normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, establece esta restricción para quienes administran o custodian fondos públicos.

El municipio de Talca registró el mayor monto individual, con un funcionario que apostó $46.988.661. Le sigue Linares, donde cuatro funcionarios transaron $44.048.930.

Curicó fue la comuna con más funcionarios detectados, sumando cinco personas que apostaron un total de $8.466.318. Otras municipalidades con personal involucrado incluyen San Clemente, Curepto, Longaví, Constitución, Maule, Pelarco, Río Claro, Cauquenes, Sagrada Familia, San Rafael, Yerbas Buenas, Molina, Colbún, Parral, Chanco, Licantén, Rauco, Vichuquén, Retiro y Pencahue.

El organismo de control basó su consolidado en el cruce de información entre el registro de funcionarios públicos y los antecedentes de clientes de casinos, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Se advirtieron potenciales deficiencias en la información remitida por los operadores de casinos, según informó La Prensa.

La Contraloría remitirá el listado de los 910 funcionarios involucrados a la SCJ para que ejerza sus facultades de fiscalización y aplique los procedimientos sancionatorios correspondientes. Además, enviará los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades para iniciar sumarios administrativos.

Finalmente, los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que estimen pertinentes.

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