Gabriel Silber será formalizado por soborno y lavado de activos en caso "Muñeca Bielorrusa"

Este martes se desarrollará una nueva audiencia judicial en la investigación conocida como el caso "Muñeca Bielorrusa", instancia en la que la Fiscalía procederá a la formalización por primera vez del exdiputado Gabriel Silber (DC).

Los cargos que se le imputan son los delitos de soborno y lavado de activos. En la misma audiencia, el Ministerio Público también llevará a cabo la reformalización de los demás imputados en la causa, entre quienes se encuentra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Todo sobre Caso "Muñeca Bielorrusa"

Un punto central de la indagatoria será el rastreo del flujo de dinero vinculado a las asesorías legales que el estudio jurídico compuesto por Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos, proporcionó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Esta empresa se encuentra inmersa en un conflicto minero con la estatal Codelco.

Según reportes, la Fiscalía dispondría de un informe pericial financiero que detalla pagos por un monto cercano a los $95 millones dirigidos al exdiputado. Los antecedentes publicados por la emisora sugieren que estos fondos provendrían de las labores de asesoría que el bufete realizó para el mencionado consorcio.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público es que el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silber habría efectuado pagos de sobornos a Vivanco con el propósito de obtener resoluciones judiciales favorables para Belaz Movitec en su litigio contra Codelco. Es importante señalar que estas imputaciones deberán ser presentadas y debatidas durante el proceso judicial, y la formalización en sí misma no constituye una declaración de culpabilidad.

Esta audiencia marcará la primera imputación formal contra Silber en el contexto de esta investigación. Si bien el exdiputado y su equipo legal no han emitido declaraciones oficiales respecto a la diligencia, Silber ha mantenido una actitud colaborativa con las indagatorias de la Fiscalía.

Por su parte, el abogado Sergio Contreras, representante de Mario Vargas, ha manifestado que la audiencia no debería incorporar nuevos hechos al expediente.

La reformalización también reinstalará a Ángela Vivanco en el foco de la causa. La exministra ha negado categóricamente las acusaciones en su contra, sosteniendo que no existen pruebas que acrediten la recepción de dineros ilícitos a cambio de sus dictámenes judiciales.

Vivanco señaló que, tras su salida de la prisión preventiva, ha tenido la oportunidad de examinar con mayor detenimiento los antecedentes recopilados por el Ministerio Público. "Sobre los nuevos cargos que se van a presentar por la Fiscalía en mi contra, desconozco los hechos y cualquier irregularidad que se me impute. Tras dejar la cárcel, lo destaco, porque no estuve en un centro de detención preventiva, he podido revisar los antecedentes recopilados por el Ministerio Público en la carpeta y no existe ni siquiera una evidencia que yo haya recibido dinero a cambio de mis fallos", afirmó.

Vivanco añadió que los investigadores han accedido a su información patrimonial y bancaria, y que, según su versión, no se han detectado ingresos que puedan vincularse a sobornos. "Han tenido acceso a todas mis cuentas bancarias, mis bienes, y de ahí solo se desprenden ingresos de mi trabajo y deudas que he contraído en los últimos 20 años", declaró.

La exjueza reiteró su confianza en poder demostrar su inocencia en caso de que la causa avance a un juicio oral. "Ya llegará la hora en que los tribunales de justicia se pronuncien en un eventual juicio oral donde voy a demostrar mi inocencia", sostuvo.

Adicionalmente a los antecedentes financieros, se suma un peritaje reciente realizado por Carabineros al teléfono celular incautado a Vivanco. El contenido de este dispositivo podría ser presentado por la Fiscalía durante la audiencia.

Según se desprende del informe policial incluido en los antecedentes del caso, se habrían detectado conversaciones que sugerirían que parte del contenido del teléfono fue deliberadamente borrado antes de su incautación, ante la eventualidad de que el Ministerio Público solicitara el dispositivo mediante una orden judicial.

La relevancia de este hallazgo y su posible conexión con los delitos bajo investigación deberán ser determinados en el curso del procedimiento judicial. El peritaje constituye un antecedente más de la indagatoria, pero por sí solo no prueba la recepción de pagos ilícitos por parte de Vivanco.

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