PDI en la mira: Casos de corrupción, secuestros y renuncias sacuden a la institución en 2026

El año 2026 ha sido particularmente complejo para la Policía de Investigaciones (PDI), enfrentando una serie de escándalos que incluyen acusaciones de corrupción en sus filas, la condena de exfuncionarios por vínculos con el narcotráfico y la polémica salida de altos mandos, como la subdirectora de Inteligencia.

Recientemente, la institución se vio sacudida por la detención de tres de sus miembros, implicados en una red dedicada al secuestro extorsivo de ciudadanos chinos. Estos funcionarios habrían utilizado un cuartel falso para retener a sus víctimas, y la investigación también apunta a la participación de otros cinco detectives en esta causa.

Todo sobre Corrupción policial

A estos hechos se suma la renuncia del prefecto inspector Patricio Barrios Medina, quien lideraba la Región Policial de Atacama. Su dimisión se produjo tras el allanamiento de su domicilio en el marco de una indagatoria del Ministerio Público por hechos ocurridos en 2024, cuya naturaleza aún se mantiene bajo reserva.

En enero, la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras en Limache llevó a la citación de dos funcionarios de la PDI como imputados por supuesta obstrucción a la justicia y irregularidades en la cadena de custodia de pruebas. Posteriormente, en abril, cuatro detectives fueron detenidos en Calama, acusados de delitos de corrupción en procedimientos policiales en las regiones del Biobío y Antofagasta, incluyendo malversación de caudales públicos y lavado de activos.

La semana pasada, la detención de tres funcionarios de la PDI —el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas— puso en evidencia una presunta red de secuestros extorsivos contra ciudadanos chinos. La investigación también abarca a otros detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y del Laboratorio de Criminalística.

Un episodio particularmente dramático ocurrió la noche del martes 7 de julio, cuando el subcomisario Rodrigo Silva, con más de una década de servicio en la PDI, se presentó en un edificio de oficinas en Las Condes para denunciar una supuesta red de corrupción interna. En un registro de audio divulgado, se le escucha decir: "Por favor ayúdenme. Los ratis son todos PDI...ayúdenme por favor. Llamen a Carabineros. Ayuda, me van a matar. Por favor. Créanme, soy inocente (sic)". Añadió: "Van a simular un enfrentamiento. Boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre han hecho. Por favor, llamen a Carabineros. Subcomisario Silva, inocente". La Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación reservada tras este suceso.

En el ámbito de condenas, en mayo, dos funcionarios de la PDI, Juan Carrasco Hernández y Wladimir Cáceres, fueron declarados culpables en la Operación Imperio por delitos económicos y de corrupción. Carrasco alertó a un grupo investigado y elaboró partes falsos para defraudar aseguradoras. En agosto, el Juzgado de Garantía de Arica sentenció a exoficiales de la PDI, Leoncio Fernando Oporto Duhart y Claudio Rafael Soland Marchant, por su participación en una red de apoyo al tráfico de ketamina. Oporto utilizó su clave institucional para consultar órdenes de detención de líderes de la banda "Los Kussy Boys", mientras que Solans alertaba a los narcotraficantes.

En cuanto a la salida de altos mandos, en marzo, la prefecta general Consuelo Peña fue pasada a retiro, a pesar de haber sido ratificada en su cargo meses antes. Se especula que la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría solicitado su salida, deteriorando la relación tras una investigación en Tarapacá donde Steinert se desempeñó como fiscal regional. Conocedores de esa indagatoria señalaron que la reubicación de funcionarios de la PDI con los que Steinert había trabajado molestó a la entonces fiscal. La decisión de mover a esos policías provino de Peña y, según versiones cercanas, se debió a que estaban siendo observados por el sistema de inteligencia de la institución.

Por otro lado, esta semana el prefecto inspector Patricio Barrios Medina, jefe policial en la Región de Atacama, solicitó su baja en medio de una investigación reservada de la Fiscalía Metropolitana Occidente por hechos ocurridos en 2024. Un equipo del Ministerio Público incautó equipos tecnológicos de su oficina.

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