Alcaldesa de Quilicura critica al Gobierno por inseguridad tras violenta noche

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, alzó la voz para emplazar directamente al Gobierno central tras una violenta jornada ocurrida durante la madrugada del martes en la comuna. Un evento catalogado como un “velorio simbólico” derivó en una serie de disparos y el uso de fuegos artificiales en el sector de Lo Marcoleta con Pascual Gambino. Este incidente se produjo tras el homicidio de un joven de 20 años y el doble homicidio frustrado de otras dos personas, ocurridos el pasado 12 de septiembre. El funeral del joven fallecido, programado para este miércoles, había sido previamente calificado como de alto riesgo por las autoridades.

En declaraciones al canal 24 Horas, la jefa comunal describió la situación como aterradora para los vecinos, quienes se vieron expuestos a disparos y la posibilidad de “balas locas”. Bobadilla afirmó con preocupación: “Fue aterrador, es lamentable esta situación. La ley de funerales de alto riesgo no está dando resultado. Anoche ingresaron balas a diferentes viviendas”.

La alcaldesa solicitó una intervención directa del Gobierno en las áreas donde operan organizaciones criminales, exigiendo un aumento de la presencia policial para recuperar el control territorial. “Yo lo que pido es el copamiento (...) Déjense de querer gobernar por decreto, eso no se puede”, declaró enfáticamente.

Bobadilla también cuestionó la estrategia gubernamental, sugiriendo que se están impulsando nuevas normativas mientras las herramientas actuales no son suficientes para abordar episodios como el ocurrido en Quilicura. “Déjense de perder el tiempo con reglamentos, no se puede gobernar por decreto”, insistió.

Asimismo, la edil se refirió a las limitaciones de las atribuciones municipales para combatir el crimen organizado. Cuestionó la utilidad de obtener mayores facultades si los municipios no tienen la capacidad de actuar directamente contra las bandas. “Un funeral de alto riesgo quiere decir que pone en riesgo a la población. ¿Para qué quiero más facultades si no puedo irme contra las bandas organizadas?”, planteó.

En cuanto a las acciones judiciales, antecedentes de la Fiscalía ECOH indican que un imputado de 19 años se encuentra en prisión preventiva por el crimen que desencadenó estos eventos. Se le acusa de homicidio calificado, dos homicidios frustrados y porte ilegal de arma de fuego. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días para el caso.