Ante la creciente presión de autoridades locales para decretar estado de catástrofe tras el intenso sistema frontal que ha afectado al país, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno considera que, por el momento, dispone de las herramientas suficientes para gestionar la emergencia. La eventual declaración de catástrofe será analizada una vez que se complete un catastro exhaustivo de los daños.
Estas declaraciones surgen en respuesta a las peticiones de ediles, como el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quienes han manifestado falta de apoyo central y han solicitado la activación del estado de catástrofe para agilizar la llegada de recursos destinados a la reconstrucción.
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Consultado sobre estos requerimientos tras una reunión en Senapred, el ministro Alvarado afirmó que "hoy día los instrumentos que el Gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia". Subrayó, además, que las medidas preventivas implementadas antes del temporal facilitaron la movilización de recursos y medios para hacer frente a la contingencia.
El secretario de Estado detalló que durante este lunes se recopilarán antecedentes precisos sobre las afectaciones en cada comuna, con el fin de determinar el alcance real de los daños.
"Cuando tengamos la afectación real en las regiones y en cada comuna vamos a evaluar el pasar a una segunda fase, que es la recuperación. Y si esa segunda fase requiere facilitar la inversión para recuperar las zonas afectadas, indudablemente que valoraremos un estado de catástrofe por condiciones climáticas", explicó.
El ministro del Interior defendió el accionar del Ejecutivo, indicando que todas las solicitudes canalizadas a través de los comités regionales de gestión del riesgo han sido atendidas. Asimismo, señaló que se intensificó el uso de medios aéreos para la evacuación de personas y el abastecimiento de localidades aisladas, mientras continúan los trabajos para restablecer caminos y servicios básicos.
Respecto a los cortes de suministro eléctrico, Alvarado aseguró que el Gobierno fiscalizará a las empresas involucradas para garantizar las compensaciones legales y exigir la reposición del servicio a la brevedad.