Dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezados por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, junto a otros jefes comunales como Tomás Vodanovic (Maipú), Carlos Adasme (Isla de Maipo) y Claudia Pizarro (La Pintana), se reunieron en el Ministerio de Hacienda. El objetivo fue dialogar con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, en un momento clave previo a la votación en el Senado de la reforma gubernamental que propone eximir a los adultos mayores del pago de contribuciones.
Esta medida tiene un impacto directo en las finanzas municipales, estimándose una merma de aproximadamente US$ 70 millones en recaudación por concepto de impuesto territorial. A diferencia del Fondo Común Municipal, que el gobierno se comprometió a reponer en su totalidad (unos US$ 130 millones destinados a la redistribución entre comunas), el Ejecutivo ha indicado que no compensará la totalidad de los recursos que dejarán de percibirse por las contribuciones. Algunas comunas, como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, podrían ver reducido su presupuesto anual hasta en un 8%, lo que ha impulsado a los alcaldes a buscar alternativas y continuar las negociaciones con el gobierno.
La reunión de este lunes buscó afinar una propuesta concreta de la ACHM de cara a un próximo encuentro con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La iniciativa plantea una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto fiscal, con la idea de que el beneficio no sea universal, sino focalizado.
Las propuestas de la ACHM se suman a las presentadas por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que agrupa a alcaldes de comunas con mayor afectación por el alza de las contribuciones, como Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea y Las Condes. Entre sus planteamientos se incluye la reducción del aporte de estas comunas al Fondo Común Municipal, argumentando que son las principales contribuyentes a este fondo que apoya a las municipalidades de menores ingresos.
La tensión ha marcado la discusión, con alcaldes que acusan un posible desfinanciamiento y la consecuente necesidad de recortar programas sociales. Desde La Moneda, se ha respondido que existen áreas de recorte presupuestario, como el gasto en personal, y se ha relativizado la magnitud del impacto fiscal estimada por los municipios. El Ejecutivo aún no ha presentado una propuesta formal, pero el ministro Quiroz se ha mostrado abierto a implementar gradualmente cualquier recorte, con el objetivo de que alcaldes y gobierno colaboren en la redacción de una indicación legislativa.
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