La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto una serie de falencias significativas en la organización y ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, tras una auditoría realizada al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los hallazgos han derivado en la apertura de un sumario administrativo y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, evidenciando un panorama de irregularidades que abarca desde la contratación de personal hasta la administración de recursos.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la contratación de 16 personas que contaban con antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Estas personas estuvieron involucradas en diversas funciones dentro del proceso censal. Según el Informe N°194-2025 de la Contraloría, en seis de estos casos, los certificados de antecedentes presentaban condenas, pero la empresa encargada del reclutamiento no realizó las validaciones necesarias ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Adicionalmente, se identificaron otros 10 casos donde no se pudo constatar que se hubieran solicitado los antecedentes durante la contratación.
La auditoría también arrojó que el INE incorporó a su nómina a 14 ciudadanos extranjeros que carecían de la habilitación legal para trabajar en Chile. Entre ellos se encontraban personas con permisos migratorios revocados e incluso un individuo con una orden de expulsión administrativa vigente.
Además, se observó que el INE no pudo acreditar que más de 130 trabajadores, desempeñándose como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos, cumplieran con los requisitos educacionales estipulados para sus cargos. La falta de mecanismos de supervisión y control adecuados también quedó en evidencia, con 515 censistas para quienes el INE no pudo demostrar la realización efectiva de sus labores, a pesar de haber recibido pagos por un total de $166.356.508.
Otro hallazgo relevante es la identificación de 267 personas que prestaban servicios para el Censo mientras mantenían contratos vigentes con otras instituciones públicas, sin haberlo declarado formalmente mediante las declaraciones juradas requeridas. Estos casos han sido remitidos al Ministerio Público.
En el ámbito administrativo y financiero, la Contraloría detectó falencias en la justificación de la contratación de 77 inmuebles para oficinas y locales censales, así como pagos considerados injustificados por $49.430.231, relacionados con arriendos que excedieron el tiempo necesario para el operativo. Se cuestionó también un desembolso de $134.243.088 realizado el 1 de mayo de 2024 para el traslado de personal, pese a que en esa fecha no se llevaron a cabo labores censales.
La gestión de equipos tecnológicos también fue objeto de escrutinio. El informe señala que el INE no definió a tiempo el destino de 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes, los cuales permanecieron almacenados por meses. Al 7 de noviembre de 2025, aún se encontraban guardados 484 computadores y 29.226 smartphones bajo la custodia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Se identificaron además posibles conflictos de interés en un proceso de licitación, donde una exasesora del INE participó en una comisión evaluadora pese a tener vínculos con una empresa licitante.
Como consecuencia de la auditoría, la Contraloría ha instruido al INE la realización de un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Se formuló un reparo por $315.645.819 y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.
Respuesta del INE
El Instituto Nacional de Estadísticas, mediante un comunicado oficial emitido el 10 de marzo de 2026, reconoció haber recibido el informe final de la Contraloría y anunció la presentación de una solicitud de reconsideración sobre algunas de las observaciones. La entidad informó que inició un sumario administrativo respecto a los 16 censistas con antecedentes penales y presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Asimismo, se está investigando la posible responsabilidad administrativa ligada a la contratación de los 14 censistas extranjeros sin habilitación laboral.
El INE reafirmó su compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de sus procesos internos y el uso responsable de los recursos públicos, asegurando mantener controles permanentes sobre las medidas adoptadas.
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