El Gobierno del presidente José Antonio Kast dio inicio a su primer operativo de expulsión aérea de migrantes en situación irregular. Esta medida representa un avance significativo en una de las promesas clave de la administración actual, buscando agilizar procesos que habían enfrentado críticas por su lento avance.

Un total de 40 personas dejaron el país este jueves. La operación fue una coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile.

El vuelo partió desde Santiago, con una escala en Iquique, y tuvo como destino final Colombia, Ecuador y Bolivia, naciones de origen de los ciudadanos expulsados.

Desde el Ejecutivo afirmaron que esta acción forma parte de un plan integral para reforzar el control fronterizo y abordar fenómenos relacionados con la seguridad pública. Las autoridades han destacado la importancia de combatir el crimen organizado.

El propio mandatario había reconocido previamente que las expulsiones no progresaban al ritmo deseado. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno planea acelerar la frecuencia de estos operativos, proyectando al menos dos vuelos mensuales, además de salidas terrestres.

“Este es un paso concreto para cumplir con los compromisos adquiridos en materia migratoria y de seguridad”, señalaron desde el entorno gubernamental. El objetivo es mostrar resultados tangibles ante las críticas recibidas.

Con este primer despliegue, La Moneda busca evidenciar avances en una política que ha enfrentado obstáculos administrativos y judiciales. Estos factores han dificultado históricamente los procesos de expulsión en el país.