Este martes, 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú, un hito que la consagra como la primera mujer en ocupar el máximo cargo del país. Su ascenso al poder se produce cuatro décadas después de la dimisión de su padre, Alberto Fujimori, y llega tras una ajustada victoria electoral frente a su contendiente, Roberto Sánchez.
La nueva mandataria hereda un país profundamente dividido, tanto en lo político como en lo geográfico, y marcado por una extendida preocupación por la seguridad. Fujimori ha prometido una política de "mano dura", un sello distintivo que también caracterizó la gestión de su padre en la lucha contra Sendero Luminoso. Sin embargo, aquella época estuvo empañada por graves violaciones a los derechos humanos, excesos de violencia y un trato discriminatorio hacia las poblaciones indígenas, incluyendo esterilizaciones forzadas y masacres.
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La incapacidad de Keiko Fujimori para distanciarse de este legado, reconocerlo y buscar un proceso de reconciliación social es un factor clave en el persistente movimiento antifujimorista. Por otro lado, sus partidarios valoran su discurso de firmeza y orden, elementos que impulsaron su voto. Sus detractores la ven como un símbolo de la erosión democrática y temen que su cercanía con gobiernos de derecha en la región pueda derivar en políticas represivas.
Existe la preocupación de que su tendencia a imponer su voluntad, en lugar de buscar consensos, pueda obstaculizar una gestión conciliadora y evitar la confrontación social. La división de poderes, un punto débil en la administración de su padre, quien ejerció control sobre el sistema judicial y los medios mediante métodos cuestionables, será un desafío. El sector privado tendrá un rol crucial para mantener la transparencia y evitar alianzas que recuerden prácticas del pasado.
Con su partido Fuerza Popular como la principal fuerza en el Congreso, Keiko Fujimori necesitará tejer alianzas para asegurar mayorías. La reciente elección del nuevo Senado, definida por un estrecho margen, evidencia la fragilidad de las mayorías. Fujimori demostró su habilidad como opositora, influyendo en la salida de varios presidentes y ministros, lo que afectó la gobernabilidad peruana. A pesar de su fuerza parlamentaria, Fuerza Popular no ha logrado representación a nivel de gobernadores regionales, señalando una debilidad territorial.
En el plano político e ideológico, se observan continuidades con el fujimorismo de su padre, con asesores cercanos que, aunque por edad, probablemente no ocuparán cargos ministeriales. Se anticipa la presencia de empresarios afines a la presidenta electa, quien defiende un modelo de libre mercado, la reducción de la burocracia y el fomento al emprendimiento, con un rol subsidiario del Estado.
Las propuestas de Fuerza Popular, como la intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como la crítica a quienes alertan sobre abusos estatales y la consideración de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejan tendencias de otros gobiernos de derecha en la región que buscan limitar regulaciones y afirmar la soberanía.
Bajo el lema "Vuelve el orden", el programa de gobierno incluye la construcción de megacárceles, una medida alineada con el "modelo salvadoreño". Las Fuerzas Armadas, históricamente afines al fujimorismo, podrían asumir un rol protagónico en asuntos internos, con el riesgo de excesos y violaciones a los derechos humanos. La capacidad de Keiko Fujimori para gestionar su temperamento y moderar su enfoque inicial será clave, considerando la estrecha victoria electoral y la movilización opositora.
La alta rotación presidencial en Perú, con ocho jefes de Estado en una década, evidencia la profunda descomposición del sistema político y de partidos. La inestabilidad y la falta de confianza ciudadana en la política son problemas latentes. El gobierno de Fujimori deberá atender las expectativas de bienestar, especialmente en las zonas marginadas, para evitar la reedición de la inestabilidad institucional y el aventurismo político.