La Municipalidad de Curicó oficializó el envío al Ministerio Público de los antecedentes relacionados con el grave caso de vulneración a la privacidad que afecta a funcionarios de la entidad edilicia.
La instrucción quedó plasmada en el Decreto Exento N°3357, fechado el 26 de junio de 2026, documento que da cuenta de los primeros pasos tomados por la administración ante el escándalo de los videos íntimos.
Todo sobre Caso: Filtración
El decreto instruye formalmente la apertura de un sumario administrativo y la derivación del caso a la justicia penal, en cumplimiento de la obligación legal de denunciar que recae sobre los empleados públicos.
El documento revela cómo se originó la investigación interna. Según se detalla en el texto, el proceso comenzó mediante el Oficio Reservado N°1 del Director de Servicios Operativos, fechado el 23 de junio, el cual informaba sobre una denuncia verbal recibida el día 22 de junio.
La acusación apunta directamente a "un funcionario de la Unidad de Informática", al cual se le imputa "haber obtenido fotografías y videos de carácter privado de funcionarios y funcionarias municipales, en forma irregular, con ocasión de las solicitudes de reparación de equipos computacionales o teléfonos celulares, de propiedad municipal o particular, que le habrían sido encomendadas en razón de sus funciones".
La denuncia no solo fue verbal, sino que incluyó pruebas materiales. El decreto señala que los archivos íntimos "se mantendrían almacenados en una carpeta del computador institucional”. Junto con esto, el denunciante aportó un "dispositivo de almacenamiento (pendrive) que contendría los antecedentes que la sustentan".
Instrucciones y derivación a Fiscalía
Ante la gravedad de los hechos, que podrían constituir una infracción a los deberes funcionarios y al principio de probidad, los actos descritos "podrían revestir caracteres de delito", por lo que corresponde enviar el caso a la justicia.
En su parte resolutiva, el decreto ordenó:
- Instruir un sumario administrativo: Designando como Fiscal instructor al Director Jurídico de la Municipalidad, con amplias facultades investigativas.
- Resguardo de evidencia: Disponer que el pendrive y el computador institucional queden a disposición del Fiscal instructor, adoptando "los resguardos necesarios para asegurar su integridad y cadena de custodia, así como la debida reserva del procedimiento".
- Remitir antecedentes al Ministerio Público: "atendida la gravedad de los hechos (...) en cumplimiento del deber de denuncia establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, previo informe de la Dirección de Asesoría Jurídica".
El alcalde subrogante, Marcelo Fernández, emitió recientemente un comunicado público donde ratifica que la municipalidad ha "adoptado de manera inmediata las medidas administrativas necesarias para esclarecer los hechos", confirmando que la investigación administrativa sigue en desarrollo bajo estricta reserva
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