Un complejo y tenso escenario se vive al interior del Servicio de Urgencia del Hospital de Curicó, luego de que un grupo de facultativos redactara un extenso documento revelando una serie de graves irregularidades al interior del recinto de salud.
Los antecedentes constan en una misiva fechada el 20 de noviembre de 2025 y dirigida formalmente a la directiva del Colegio Médico de Chile. Sin embargo, la grave denuncia que buscaba la intervención del ente colegiado habría sido ignorada por la institución gremial.
En el texto, firmado por los médicos colegiados y en ejercicio del Servicio de Urgencia , los profesionales solicitaron apoyo "ante un conjunto de situaciones sostenidas en el tiempo bajo la jefatura del servicio, a cargo del Dr. José Mauricio Espinoza". Según declararon en la carta, el actuar de la jefatura constituye "malas prácticas de gestión, deterioran significativamente el clima laboral, vulneran la autonomía clínica del equipo, e incrementan riesgos para la seguridad de los pacientes".
Entre los 12 puntos reportados en el documento, los médicos acusan un "hostigamiento laboral reiterado", caracterizado por "episodios sostenidos de presiones, descalificaciones y llamados de atención intempestivos a distintos colegas". La situación escaló a tal nivel que, según el texto, "parte de las víctimas ya han iniciado asesoría para denuncias en el marco de la Ley Karin".
Los denunciantes también apuntaron a la existencia de "formas de comunicación inapropiadas y amedrentamiento", detallando el "uso de WhatsApp para increpar, citaciones a oficina con tono inadecuado y sin acompañamiento ni registro", lo cual ha propiciado un clima de intimidación y temor fundado en el equipo.
En el ámbito administrativo, la misiva enciende las alarmas por un "posible mal uso de recursos y vulneración de probidad". Al respecto, indicaron que "se han consignado horas asistenciales pagadas como turnos clínicos (tarifa de especialista en urgencia) que, en los hechos, se destinan a labores administrativas, sin resolución formal que respalde ese uso", sobrecargando al equipo y empeorando los tiempos de espera.
Respecto al cuidado de los enfermos, los facultativos acusaron una "restricción injustificada de exámenes pertinentes", argumentando que la jefatura "limita o cuestiona la solicitud de exámenes con base solo en resultados negativos". Los profesionales advirtieron que esta práctica "erosiona la autonomía clínica y puede aumentar riesgos para el paciente". Sumado a ello, denunciaron que "se exige validación de decisiones por médicos generales para ingresos o TAC contrastadas", lo que genera un menoscabo profesional y un evidente "retraso de decisiones críticas".
En el cierre del documento, los médicos clamaron por la designación de un delegado para mediación e intervención, pidiendo total "confidencialidad del Colegio Médico respecto de la identidad de los firmantes y de los antecedentes aportados" por el inminente riesgo de represalias. Pese a enfatizar que su principal motivación era "la protección de nuestros pacientes, el cuidado del equipo y la ética profesional", la directiva del Colegio Médico habría optado por ignorar el desesperado llamado de sus colegiados.
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