Fundación Dr. Avicena solicita a Contraloría fiscalizar a universidades por casos de maltrato y discriminación

La organización, que defiende los derechos de estudiantes de la salud, pide la "urgente intervención" del Estado para proteger a estudiantes y especialistas en formación, acusando que la falta de investigación ha derivado en un patrón de abuso, falsificación de notas y suicidios.

La Fundación Dr. Avicena ha presentado una denuncia formal ante la contralora Dorothy Pérez, solicitando una fiscalización "rigurosa y efectiva" a universidades públicas y privadas.

La organización, que agrupa a médicos e internos de medicina, acusa que la "autonomía universitaria" está siendo utilizada para "transgredir los derechos fundamentales de los estudiantes de Pregrado y Postgrado".

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La denuncia, firmada por la presidenta de la fundación, María Ruth Del Valle Muñoz, señala que poderes del Estado como el Poder Judicial y la Superintendencia de Educación Superior "refieren no poder intervenir a favor de los estudiantes en caso de malos tratos y acoso por sus tutores". Esto, a su juicio, permite que las instituciones de educación superior utilicen maliciosamente la autonomía para "perjudicar a sus estudiantes".

Alarmantes cifras y patrones de abuso

El escrito menciona la alarmante cifra de más de 550 suicidios de estudiantes universitarios cada año, según datos de la diputada Mónica Arce, "mayormente en las carreras de Medicina y Derecho".

La fundación ha identificado un patrón sistemático de acoso y discriminación que afecta principalmente a "mujeres, personas con discapacidad física y estudiantes con neurodivergencia", sumándose a ello "expresiones de homofobia y prácticas irregulares, como la falsificación de evaluaciones, adulteración de calificaciones y registros de asistencia".

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Financiamiento público justifica la intervención estatal

La denuncia sostiene que la intervención estatal en las universidades no es una facultad discrecional, sino un "deber jurídico-administrativo".

La fundación argumenta que, dado que el Estado transfiere recursos significativos a través de "la gratuidad, el Crédito con Aval del Estado (CAE), becas y otros aportes directos o indirectos", tiene la obligación de fiscalizar y sancionar las prácticas que vulneran los derechos fundamentales de los estudiantes.

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Se destaca la situación de los especialistas en formación, quienes, pese a estar bajo la tutela del Estado a través de becas, son "frecuentemente sometidos a malos tratos". Las denuncias realizadas ante instituciones como la Superintendencia de Educación Superior y el Mineduc han sido cerradas "sin ofrecer respuestas efectivas ni garantizar protección a los afectados".

En su petición a la Contralora, la Fundación Dr. Avicena solicita que se investigue el uso de los recursos públicos asignados a estas universidades, a fin de "garantizar que dichos recursos no se utilicen para perpetuar vulneraciones, sino para asegurar la continuidad académica, la titulación oportuna y la formación integral de los profesionales que Chile necesita".