Diputado Guzmán oficia a Contraloría por anuncio del municipio de Curicó de adquisición del edificio La Araucana

Luego de que el municipio de Curicó anunció la intención de arriendo y compra del edificio La Araucana, el diputado, Jorge Guzmán (Evópoli), presentó un informe en la Contraloría Regional del Maule para que se investigue la legalidad en la adquisición.

En este sentido, el parlamentario apuntó a los actuales requerimientos para la compra de inmuebles, a raíz del intento de adquisición de la Clínica Sierra Bella en Santiago, donde el órgano detectó errores que objetaron su transacción.

“La Contraloría emitió un pronunciamiento hace muy poco, después del caso de la clínica y estableció estándares sobre la forma de comprar. Dice que debe ser por licitación pública o eventualmente licitación privada o trato directo, pero que debe ser debidamente fundado. Ese antecedente no nos consta, al menos, de lo que nosotros tenemos a disposición”, sostuvo el legislador.

Al respecto, Guzmán, precisó que “aquí se fija un precio de $5.800 millones, pero nada nos dice si este es lo que corresponde o no, sobre todo teniendo a la vista la tasación fiscal del inmueble que son $1.600 millones. (…) De hecho, la Contraloría ha señalado que tienen que existir tasaciones de distintos profesionales o especialistas que acrediten que este precio, en definitiva, es lo que corresponde”.

“La municipalidad ha señalado que hicieron una negociación directa con la empresa La Araucana. Sin embargo, nosotros hemos presentado un antecedente, el cual tenemos en nuestro poder, que acredita que aquí sí hubo una empresa dedicada al corretaje de propiedades que participó y que, incluso, está planteando el cobro de sus honorarios. Esa empresa es de Curicó y entendemos que tiene vínculos con una ex autoridad de la comuna”, aseguró el diputado.

Entre los antecedentes presentados, el parlamentario incluyó el informe de un ingeniero, el cual señala que el edificio habría presentado daños estructurales relevantes en el terremoto de 2010. Estos, si bien fueron reparados e hicieron habitable la propiedad, en caso de repetirse un fenómeno natural de este tipo pueden existir “daños muy significativos”, apuntó Guzmán.

“El municipio ha señalado que esto es un buen negocio y nosotros no lo podemos poner en duda. Pero esto no se está haciendo con recursos privados, sino que con recursos públicos y, por tanto, lo que ha establecido la ley y Contraloría es que cualquier adquisición, aparte de ser rentable económicamente, tiene que cumplir con los estándares de la ley de transparencia, de probidad y de compras públicas”, insistió el legislador.

Por último, el diputado solicitó que “si no se está cumpliendo, le pedimos a la Contraloría que pida los antecedentes, que suspenda cualquier decisión. (…) al alcalde que hoy día administra la municipalidad de Curicó (Javier Muñoz), le quedan cuatro meses en el cargo y está tomando una decisión que puede afectar profundamente a la nueva administración. Creemos que esto se debe suspender y que, en definitiva, quien tome esta decisión sean las próximas autoridades evaluando con los antecedentes, como corresponde”.