Tras la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de dejar en prisión preventiva al exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, formalizado por delitos reiterados de violación de secreto general y lavado de activos, diversas reacciones se han registrado desde el mundo político.
La otrora autoridad de la PDI está involucrada en el denominado Caso Audios, tras comprobarse que derivó información sobre causas judiciales al abogado, Luis Hermosilla, con datos sobre diligencias a realizar y que involucraban a clientes de este último. Por ello, fue formalizada en una extensa audiencia donde se conocieron mayores detalles de su participación en los ilícitos.
Al respecto, la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comentó que “ha quedado en evidencia que él ha participado directamente de la comisión de un delito que es muy grave para todo el sistema penal y judicial. Tal vez lo más grave que hemos conocido desde que existe la Reforma Procesal Penal”.
“No son simples filtraciones ni trascendidos del ámbito periodístico, sino que son diligencias decretadas en el marco de investigaciones penales que él conocía, en función de su cargo, que ha transmitido a un abogado y que, finalmente, pueden haber entorpecido el éxito de estas”, sostuvo la legisladora.
Por su parte, la diputada de la misma región, Mercedes Bulnes, calificó que la medida cautelar gravosa decretada contra Muñoz, “se ajusta absolutamente a derecho. La jueza fundamentó sólidamente la necesidad de cautela, de la prisión preventiva por el peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. En los antecedentes que se conocen, no cabe duda de que esos dos peligros existen”.
“Aplaudo que esta medida cautelar se haya decretado, porque es importante para el país que se sepa que la probidad de nuestras policías está por sobre cualquier otro valor. No podemos trabajar en seguridad ciudadana si no tenemos la absoluta confianza de que las policías actúan conforme a derecho. Las imputaciones que se han hecho son demasiado graves y atentan exactamente contra el Estado de Derecho. Me parece una medida justa, adecuada y necesaria”, sentenció la parlamentaria.