La investigación por la desaparición de la concejala María Ignacia González (ocurrida la madrugada del 15 de junio) ha tomado un nuevo rumbo, centrándose en el ámbito financiero y el círculo cercano de la autoridad. La Fiscalía indaga ahora el manejo de dinero en dólares y los préstamos que la concejala solía realizar a trabajadores municipales y otras personas, producto de un negocio personal.
La nueva línea investigativa plantea la pregunta central: ¿Pudo una deuda económica ser un factor de riesgo en su desaparición?
El administrador municipal Rodrigo Cancino se ha convertido en un testimonio crucial, aunque su relato está siendo cuestionado por la familia de la concejala:
Cancino admitió haber pedido dólares a la concejala para un viaje al extranjero, quedando con una deuda de 100 dólares que cambió a euros.
El funcionario rechazó cualquier vínculo con la desaparición y acusó a las hijas de la concejala de instalar sospechas infundadas.
Debido a lo anterior, Javiera y Camila Gallegos, desmintieron haber acusado a Cancino de asesinato, pero insistieron en que existen inconsistencias en sus versiones y que sus sospechas tienen fundamento en declaraciones policiales.
Javiera cuestionó que el préstamo pudo ser de 1.000 dólares y lo consideró incoherente con la situación económica del funcionario.
En tanto, Camila afirmó que Cancino les confesó en privado haber visto a su madre el día de la desaparición, algo que él no ha afirmado públicamente.
Ambas cuestionan que la versión de Cancino ha cambiado: primero dijo estar en Constitución, luego en una fiesta en Talca, y testigos lo ubicarían en Villa Alegre esa misma noche.
Las hijas exigen que la investigación se enfoque en diligencias concretas, señalando que "Rodrigo Cancino puede tener información relevante. Sus versiones no calzan. Solo pedimos que se esclarezca”, señalan.
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