El gallito entre el municipio de Curicó y la delegación presidencial

En las últimas semanas, diversas temáticas han dejado en evidencia las diferencias de criterio que existen entre La Municipalidad y la Delegación Presidencial Provincial de Curicó, las que se han intensificado con las decisiones que se han adoptado en torno a la toma Dragones Sur, que ha definido líneas de trabajo y posturas sociopolíticas involucrando además a otros poderes del Estado, y cuestionando cuál es el rol que le corresponde a cada una de las partes.

El último capítulo de esta gallito llegó con la decisión de “no perseverar” en la investigación por “usurpación de terreno”, que dio a conocer el Ministerio Público esta semana. La determinación, que dejaría sin sustento jurídico la ocurrencia de un supuesto delito, fue apelada ante el Poder Judicial por el abogado de la entidad comunal, Felipe Canteros Aliaga, trámite que aún está a la espera de un pronunciamiento.

Acá se genera el quiebre. Fuentes ligadas al municipio sostienen que existen presiones desde la representación gubernamental para dejar sin efecto la acción judicial, con el objetivo de no intervenir con la fuerza pública y propiciar un desalojo de los residentes, algo que ha sido solicitado mediante oficio por la administración del alcalde, Javier Muñoz Riquelme (DC), desde hace más de un año.

Sin embargo, la acción no ha sido instruida a las policías por la delegación presidencial, quienes han manifestado que “todo se hará dentro del marco de la ley”, opinión compartida incluso por la oficialidad de Carabineros de Chile. Además, desde el Gobierno sostienen que, para realizar la desocupación, se debe procurar la situación en la cual quedarán las familias que habitan el lugar, herramientas que generan un costo que no sería asumido por el demandante, en este caso el municipio.

Testigos de las mesas de coordinación y trabajo sostienen que, tanto el alcalde como el delegado presidencial, han levantado la voz en más de una oportunidad incluso con emplazamientos cruzados, lo que ha generado un clima de tensión constante con cierto grado amenazante en torno a las consecuencias de tener una toma ilegal.

Hay que decir que no es la primera vez que se ponen sobre la mesa opiniones divergentes entre ambas entidades. Mayormente, las diferencias tienen relación con los requerimientos desde el municipio para el despliegue con apoyo de la fuerza pública en diversas actividades y servicios especiales, algunos anunciados públicamente incluso antes de ser visados por las autoridades competentes, lo que genera molestia por lo que serían faltas de respeto al conducto regular estipulado para tales casos.

Otro de los ítems en los cuales se han “topado” tanto el municipio como la delegación presidencial, tiene relación con algunas investigaciones y operativos policiales. Uno de estos se relaciona a la denuncia realizada por VLN Radio por la venta indiscriminada de drogas en la Alameda Manso de Velasco, tras lo cual la Policía de Investigaciones, por instrucción del Ministerio Público, realizó una intervención en el lugar que terminó con la detención de varias personas.

En el punto de prensa convocado por la PDI, las autoridades policiales dieron cuenta de lo incautado, con la inesperada presencia del alcalde. Esto generó incomodidad en la delegación por su figuración en algo que mayormente no tuvo injerencia, a pesar de poner sobre la mesa el trabajo de seguridad municipal.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que queda de manifiesto las diferencias entre la administración municipal y la representación de gobierno, antes gobernación y hoy delegación. Quienes han sido protagonistas, saben que existe una presión mediática y social que es difícil sortear, protagonizada mayormente por el jefe comunal, con la autoridad de turno designada desde el nivel central.

Esto bien lo saben Macarena Pons, Roberto González y Leopoldo Ibáñez, representantes de la presidencia de Sebastián Piñera, quienes tuvieron que relacionarse con una alcaldía tildada en muchas oportunidades de “autoritaria”.

Quien vivió los momentos más álgidos de esta tensa disputa, sin duda fue el exgobernador González (RN). Esto, ya que debió lidiar con un alcalde que se alineó a las manifestaciones durante el estallido social y ejerció una presión descomunal a un sector que le tocó estar en una vereda contraria.

El punto más álgido de este episodio estuvo relacionado a la muerte de José Miguel Uribe, donde Muñoz, incluso solicitó la renuncia del ministro del Interior y fue parte de una querella.

A raíz de este hecho, claramente quedo fracturada la relación entre el municipio y Carabineros, entidad que obedece a un Estado (no deliberante) que tiene administración de turno, cercanía que ha costado reestablecer por más que se diga que existe el mejor trato.

Estas tensiones, para algunos, son parte del “juego” ya que, a fin de cuentas, es política. Para otros, es una muestra del desgaste natural de una autoridad municipal que, con tantos años al mando de la ciudad capital provincial, muestra una personalidad autoritaria con miras a asegurar su futuro político.

En este último análisis, aparecen quienes opinan que, al ser estos los últimos años al mando de la municipalidad, lo que hace es buscar molinos de viento que soplen a su favor y así intentar potenciar sus aspiraciones a un escaño en el congreso nacional como diputado, cuando deje el sillón municipal por ley.

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