La Municipalidad de Romeral se enfrenta a un requerimiento formal por parte del abogado procurador fiscal de Talca, José Villalobos García-Huidobro, que le exige la restitución de $120.849.034. Dicho monto corresponde a saldos de subvenciones escolares que no fueron rendidos durante la administración comunal anterior, encabezada por Carlos Vergara Zerega (PS).
Los montos adeudados, corresponden al año 2014, $23.065.575; 2015, $21.679.239 y 2017, $76.104.220.
La solicitud, fechada el 19 de mayo de 2025, llega tras un oficio del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región del Maule, quien solicitó el inicio de acciones judiciales debido a la falta de rendición de estos fondos.
La comunicación oficial, dirigida al actual alcalde de Romeral, José Antonio Arellano (RN), enfatiza que la restitución de la suma busca "evitar el cobro judicial de dicha suma, incrementada por los reajustes, intereses y costas que devenga la judicialización de la deuda".
El alcalde Arellano lamentó profundamente esta notificación, afirmando que la obligación de restituir estos fondos "afectará directamente el desarrollo de políticas públicas esenciales para la comuna".
"Lamentablemente fuimos notificados por el Consejo de Defensa del Estado, por subvenciones de educación no rendidas. Nos piden pagar esto con un cheque o un vale vista, en un sólo monto, a la Seremi de Educación y posteriormente informado al Consejo de Defensa del Estado", señaló la autoridad.
El actual jefe comunal no dudó en responsabilizar a su antecesor, Carlos Vergara, señalando que esta "irresponsabilidad perjudicará a los romeralinos". Arellano expresó su preocupación por cómo esta deuda histórica impactará en el bienestar y progreso de los habitantes de Romeral.
"Yo quiero denunciar al exalcalde (Vergara), porque esto es una gestión realizada en su gestión. Él partió siendo alcalde en diciembre de 2012 y terminó en 2024. Por lo tanto, yo tendré que responder por usted, por su mala administración", agregó Arellano.
Según la notificación, este requerimiento subraya la fiscalización constante sobre el uso de los fondos públicos, buscando asegurar la correcta rendición de cuentas por parte de las municipalidades en el manejo de recursos destinados a la educación.