Alcalde de Linares quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por fraude al fisco

En tanto, para el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, Jhon Sancho, se determinó la prisión preventiva.

27 de Septiembre del 2024 · 11:46
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La magistrada del Juzgado de Garantía de Linares, Evelyn Pérez Jaña, determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las personas que son parte de la indagación, para el alcalde de la comuna y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza, en el marco de la investigación por delitos de fraude reiterado al fisco en la compra de insumos para la pandemia del Covid-19.

La defraudación, asciende a más de $195 millones de pesos en la adquisición de cloro, test para detectar coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería.

En tanto, para el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Jhon Sancho, se decretó la prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Parral, a la espera de definir si hay cupos en el anexo  "Capitán Yáber".

La fiscal a cargo del caso, Carola D'Agostini, junto con señalar su conformidad en la presentación de los argumentos y en el decreto de prisión preventiva para el administrador municipal, informó que como Ministerio Público apelarán a la revocación de privación de libertad para el alcalde Mario Meza.

"En principio quedamos satisfechas con el trabajo realizado. Dimos por acreditado los cuatro delitos, eso para nosotros es muy relevante, en virtud de los cuestionamientos de la defensa y que no fueron acogidos. En relación a la prisión preventiva (para Sancho), nada que decir, lo habíamos pedido", dijo.

"En cuando al alcalde, vamos a apelar. Hemos dado por establecido la participaron de él en los cuatro delitos, pero el Tribunal dio por establecido su participación en uno. La pena sigue partiendo en cinco años y un día, y eso para nosotros es relevante, por lo que presentaremos un recurso de apelación", agregó.

Cabe señalar que otros 13 imputados, entre ellos, comerciantes y funcionarios municipales, quedaron con diversas medidas cautelares.

Para la investigación, se determinó un plazo de seis meses.

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