Arquitecta imputada por estafa rompe el silencio en Instagram y descarta nexos con constructora

Nuevos y reveladores antecedentes se suman a la investigación por estafa iniciada por el Ministerio Público en la comuna de Curicó. Recientemente, una funcionaria policial decidió revelar que también fue víctima, reconociendo que, por vergüenza, no había querido denunciar el ilícito en su momento.

La afectada, una funcionaria pública que solicitó mantener en reserva su identidad, se contactó con VLN Radio para acusar que el coimputado en la causa, identificado como José Muñoz Balbontín, la defraudó por una suma que alcanza los 55 millones de pesos. Según su testimonio, el sujeto operaba engañando a sus víctimas al hacerse pasar por constructor civil, método con el cual, en presunta colusión con la arquitecta, habrían embaucado a otras siete personas, generando un perjuicio económico estimado en más de 300 millones de pesos.

De acuerdo al relato de la nueva denunciante, su caso particular ocurrió en el año 2019. Sin embargo, al ver que el ilícito salió a la luz pública, confirmó que ahora se atreverá a formalizar las denuncias respectivas ante la Fiscalía. Asimismo, señaló que el coimputado, conocido bajo el alias de "Chocolo", es exalumno del Instituto San Martín (ISM) —al igual que ella— y que ejercía funciones sin contar con un título habilitante. Sobre su situación, la funcionaria expresó: "Es tan frustrante todo, ya que no les queda nada a su nombre, pero ver que igual por último que salga en los medios el tema, uno se da por pagado".

La defensa de la profesional imputada

Por otra parte, durante el fin de semana y tras las publicaciones periodísticas del caso, la arquitecta imputada, Marcela Hernández Moreira, publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram para entregar sus descargos. En el escrito, aludiendo específicamente a la información difundida sobre el caso del centro kinésico Traumek (2019), la profesional aseveró que no fue la arquitecta de dicho proyecto ni la encargada de ejecutar las obras.

En esa misma línea, Hernández Moreira argumentó que la empresa a cargo de los trabajos fue "Don Matías Constructora", propiedad de José Muñoz Balbontín, subrayando de manera categórica que con él "no tengo, ni he tenido ningún tipo de sociedad comercial, ni vínculo empresarial". Además, agregó que no tuvo ninguna participación económica en los dineros asociados a la construcción del recinto y que tampoco recibió pagos monetarios por realizar gestiones administrativas relacionadas con la obra.

La imputada calificó los antecedentes conocidos públicamente como erróneos e incompletos, argumentando que su imagen ha sido dañada por la cobertura de prensa, lo cual, a su juicio, ha servido para amplificar una situación "sin reflejar correctamente los hechos".

Cabe recordar que la profesional se encuentra actualmente sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de salir de Chile, debiendo ser fiscalizada periódicamente por efectivos de la PDI para verificar el estricto cumplimiento de lo dictaminado por el Juzgado de Garantía de Curicó. En cuanto al coimputado, José Muñoz Balbontín, se informó que no compareció a la última audiencia, motivo por el cual el tribunal programó una nueva citación; de no presentarse nuevamente, se despachará una orden de detención en su contra.