Multas e incluso la destitución: Las sanciones que arriesga el alcalde de Curicó por asistir al casino de Antofagasta

La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas a nivel nacional tras detectar que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron millonarias transacciones vinculadas a juegos de azar, superando los 11.490 millones de pesos en apuestas.

Esta situación vulnera directamente la denominada "Regla de Oro" estipulada en la Ley 19.995 de 2005, la cual prohíbe apostar a aquellos funcionarios que, debido a su cargo, tengan bajo su responsabilidad la custodia de fondos públicos. Este concepto de custodia es amplio y, según la jurisprudencia reciente, aplica no solo a cajeros y tesoreros, sino que también a los alcaldes.

A nivel local, esta fiscalización derivó en la apertura de un sumario administrativo en contra del alcalde de Curicó, George Bordachar, por haber asistido a un casino en la ciudad de Antofagasta. Frente a este proceso, el jefe comunal esgrimió en su defensa que el viaje se dio en el contexto de una actividad deportiva para la cual solicitó un día administrativo, dejando a un alcalde subrogante en funciones.

Asimismo, la autoridad recalcó que no utilizó recursos municipales y argumentó que la prohibición específica para los jefes comunales fue aclarada por Contraloría recién a fines de febrero de 2025, es decir, de manera posterior a su visita al recinto de juegos.

¿Qué arriesga?

A pesar de los descargos entregados por la autoridad curicana, el escenario legal es complejo debido a las estrictas sanciones asociadas a esta normativa. En primer lugar, la Superintendencia de Casinos de Juego tiene la facultad de aplicar multas pecuniarias directas a los infractores, las cuales fluctúan entre las 3 y las 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

En el ámbito administrativo y político, el riesgo es aún mayor. La normativa establece que apostar teniendo la custodia de fondos fiscales constituye una falta grave a la probidad, lo que puede resultar en la destitución definitiva y la consiguiente pérdida del empleo público.

A esto se suma que, en los casos donde las sumas apostadas resulten incongruentes con el nivel de ingresos del funcionario, los antecedentes pueden ser derivados a la justicia penal, lo que podría gatillar investigaciones formales por delitos de mayor gravedad, tales como lavado de activos o cohecho.

A diferencia de los alcaldes, la ley hace una excepción y establece un límite en la restricción, permitiendo el derecho al esparcimiento en los casinos únicamente a aquellos funcionarios que no tienen manejo de fondos.