La Sala del Senado dio su aprobación general a un proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. La iniciativa, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería, ahora avanza hacia la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar su tramitación legislativa. La propuesta fue respaldada por 24 votos a favor y 20 en contra, estableciéndose hasta el mediodía del jueves 28 de mayo como plazo para la presentación de indicaciones.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, destacó la importancia de la medida, señalando que “Quisiera destacar que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país”. Añadió que “Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención y lo que es una de las características de las normas penales, prevenir”.
La propuesta contempla penas de presidio menor en su grado mínimo, que van desde 61 a 540 días, además de una multa de 5 a 10 UTM (aproximadamente entre $350.000 y $705.000) para quienes infrinjan la normativa. Asimismo, se eleva la sanción a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) para aquellos que ingresen al país teniendo una prohibición de entrada vigente.
La oposición, representada por senadores como Pedro Araya, Beatriz Sánchez, Daniel Núñez, Esteban Velásquez, Fidel Espinoza y Claudia Pascual, manifestó su rechazo a la iniciativa. Advirtieron sobre una potencial “sobrecarga operativa para la PDI y las FF.AA.”, además de plantear “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos ”.
La senadora Yasna Provoste expresó la visión de la oposición al afirmar: “Lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país ”. Por su parte, Pedro Araya argumentó que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.
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