La Contraloría General de la República ha lanzado una ofensiva inédita contra la corrupción en el aparato estatal. A través de un oficio firmado por Dorothy Pérez, se instruyó a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas a entregar, en un plazo de 10 días hábiles, un detalle de las medidas de control interno aplicadas frente a hechos de corrupción que ya están siendo investigados por la justicia.
El documento enumera una serie de episodios que han sacudido a distintas reparticiones públicas y que fueron detectados gracias a denuncias o pesquisas de las propias instituciones. Entre los casos se mencionan a funcionarios acusados de cohecho y tráfico de drogas en ciudades como Calama y Chillán. Además, se hace referencia a 13 funcionarios en Tarapacá que cobraban a personas para no realizar controles exigidos por ley.
La lista continúa con diversos casos a lo largo del país, incluyendo a nueve funcionarios detenidos en la capital por soborno y falsificación, o el caso de seis funcionarios del Ejército que fueron capturados por dar cobertura a una banda de narcotráfico.
Ante esta seguidilla de hechos, la Contraloría exige que cada institución detalle sus controles preventivos, detectivos y correctivos, además de precisar las fechas de ocurrencia, el número de involucrados, los procesos sumarios y las sanciones aplicadas.
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