Contraloría detecta graves irregularidades en fiscalizaciones de Carabineros

Un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto el foco en la gestión de Carabineros, tras detectar una serie de irregularidades durante fiscalizaciones realizadas por la policía uniformada entre enero de 2023 y junio de 2024.

Según el documento del ente fiscalizador, se identificaron 626 vehículos que mantenían encargo por robo que no fueron recuperados, a pesar de haber sido fiscalizados por Carabineros. De estos, 358 aún figuraban con encargo por robo al 13 de noviembre del año pasado.

Asimismo, la Contraloría detectó que 144 personas con órdenes de detención pendientes por delitos graves como abuso sexual, tráfico ilícito de drogas o microtráfico, porte ilegal de arma de fuego e infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros, no fueron detenidas, pese a que también fueron controladas por la policía.

Debido a la relevancia de estas observaciones, la CGR instruirá directamente un sumario en la policía uniformada para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos. Además, el informe ha sido derivado al Ministerio Público.

Infracciones sin retiro de vehículos y falta de consultas en sistema
La Contraloría también constató que, producto de los controles de tránsito, Carabineros emitió 869 boletas de citación que contemplaban infracciones que derivaban en el retiro de circulación de los vehículos, pero esta medida nunca se llevó a cabo.

Según la entidad fiscalizadora, estos retiros no se concretaron a pesar de que los vehículos incumplían la normativa al circular sin placa patente, sin permiso de circulación vigente, sin certificado de revisión técnica al día, o transitando con la placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación adulterados.

En sus descargos, Carabineros argumentó, como ejemplo, que una ordenanza de la Municipalidad de Melipilla les impide el retiro de vehículos infractores debido a que el aparcadero municipal se encuentra con su capacidad máxima desde 2024.

Finalmente, la Contraloría comprobó que en 145.715 procedimientos de control de tránsito, el personal policial no consultó respecto de las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), impidiendo conocer el estado de esos automóviles.

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