Un intenso debate sobre el uso de la tecnología en el derecho se ha generado luego de que el Segundo Juzgado Civil de Concepción sancionara al abogado Franklin Bustos con una multa de 1 UTM, tras comprobarse que presentó una demanda citando jurisprudencia que no existía y que había sido generada por inteligencia artificial (IA).

El hecho quedó al descubierto cuando el abogado de la contraparte, Jorge Enríquez, advirtió la inconsistencia en los fallos citados, situación que posteriormente fue verificada por el juez Adolfo Depolo. Ante esto, Bustos decidió alzar la voz, no para defenderse, sino para asumir su responsabilidad y evitar que otros colegas cometan la misma equivocación.

En conversación con Radio Biobio el jurista explicó que, si bien el escrito llevaba su firma por ser el director del estudio, el texto fue redactado por otro abogado de su oficina y no fue revisado exhaustivamente antes de ser presentado.

"Lamentablemente este escrito no se revisó y la culpa y la responsabilidad de esto evidentemente es mía, como socio fundador y director del estudio", declaró Bustos, agregando que hubo "un buen razonamiento por parte del tribunal y un buen criterio en cuanto a multarme, ya que efectivamente esto no se ve bien".

Más allá de la sanción económica, el abogado enfatizó que las herramientas tecnológicas han llegado para quedarse, pero su implementación requiere de un estándar ético riguroso.

"No tengo por qué defenderme, ya que todo consta en tribunales (...) Me interesa mucho esta noticia para que no vuelva a suceder en otros estudios jurídicos que hagan uso de inteligencia artificial. Estas tecnologías están para ser utilizadas, pero hay que ocuparlas con mucha responsabilidad y seriedad", reflexionó el profesional.

La resolución judicial, que ya es pública en el sitio del Poder Judicial, busca resguardar la probidad y el buen comportamiento de los litigantes, sentando un precedente sobre los límites y riesgos de confiar ciegamente en la inteligencia artificial dentro de procesos legales.