El exministro de Justicia y exsenador Hernán Larraín manifestó su postura respecto a la facultad presidencial de otorgar indultos. Al igual que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, Larraín se mostró partidario de eliminar esta atribución constitucional que recae en los Jefes de Estado.

Esta discusión surge tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre su intención de utilizar esta facultad para indultar a exuniformados condenados por delitos relacionados con el estallido social. Larraín considera que la decisión de conceder beneficios como el indulto debería ser manejada por los jueces.

Desde una perspectiva institucional, Larraín argumentó que traspasar esta facultad a los jueces evitaría la intervención del Poder Ejecutivo en asuntos propios del Poder Judicial, previniendo así la politización de estas decisiones. Señaló que la actuación del presidente en este ámbito puede verse presionada por factores ajenos a la solicitud misma del indulto.

El exministro describió el proceso de indulto presidencial como extraordinariamente complejo y delicado. Explicó que la intervención del presidente en la modificación de efectos de un acto jurisdiccional representa una interferencia en una decisión judicial, lo cual es problemático en un sistema de separación de poderes.

Larraín enfatizó que la naturaleza política de la institución presidencial difiere de la función del Poder Judicial, cuyo compromiso es aplicar la ley y hacer viable el Estado de Derecho. Consideró que no es conveniente ni necesario que una autoridad política unipersonal tome este tipo de decisiones.

Propuso que los jueces, bajo un proceso rigurosamente ordenado y con todas las cautelas necesarias, incluyendo la audiencia a las víctimas, puedan determinar la remisión o conmutación de penas en casos específicos. Mencionó situaciones humanitarias, como riesgo inminente de muerte o enfermedad grave, o el cumplimiento de una parte sustantiva de la pena por personas de avanzada edad, como motivos para una revisión judicial.

El exsenador reconoció que esta propuesta implicaría un cambio a una facultad con siglos de historia, originada en tiempos monárquicos. Sin embargo, argumentó que en el contexto actual, hacia el año 2026, se puede fortalecer el Estado de Derecho preservando la separación de poderes y evitando que un indulto se aparte del propósito para el cual el presidente fue elegido.

Larraín reiteró su acuerdo con la ministra Chevesich y señaló que el indulto presidencial, tal como está concebido hoy, debe terminar. Planteó que, incluso si se mantiene un consejo para evaluar y recomendar la decisión, esta no debería recaer en una autoridad política unipersonal.