El Congreso aprobó un proyecto de ley destinado a mitigar el alza en los precios de los combustibles, en una jornada marcada por la tensión política y cuestionamientos al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Las críticas se centraron en su anterior participación en la Sociedad de Inversiones El Alba LTDA., una empresa vinculada al rubro petrolero.

La discusión en la Cámara de Diputados se extendió en medio de duros intercambios entre oficialismo y oposición. La diputada Gael Yeomans emplazó directamente al ministro, señalando que “No le parece razonable que usted debió haberse abstenido de intervenir en esta discusión debido a su anterior participación en una empresa ligada al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones Alba. No es razonable, es un mínimo de imparcialidad”.

El diputado Matías Fernández también expresó su preocupación, afirmando que “Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés”.

Tras la sesión, el ministro Alvarado respondió con firmeza a las acusaciones, defendiendo su gestión y atribuyendo las críticas a motivaciones políticas. Aseguró que su trayectoria pública es extensa y que sus declaraciones de patrimonio e intereses son públicas. Afirmó que “En base a los emplazamientos que me hacen en la sala, que se informen adecuadamente. Tengo una larga trayectoria pública, 16 años en este Congreso, he estado más de 6 años en el poder Ejecutivo, he sido senador de la República; mis declaraciones de patrimonio y de intereses son públicas y, si algunos quieren utilizar de mala fe o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad, ellos tendrán que dar las propias explicaciones”.

El secretario de Estado añadió que “cuando no hay argumentos, se cae en la descalificación personal. Cuando hay buenos argumentos, se hace un debate político con altura. Si alguien quiere ensuciar la política, que, por favor, después vayan al lavamanos, se limpien las manos y seguimos conversando”. Reiteró que su situación comercial se regularizó en febrero, antes de asumir su cargo en el Gobierno, y que “Yo tengo el legítimo derecho a tener actividades comerciales, y esas actividades comerciales se desarrollan familiarmente desde la década del año 80; por lo tanto, consciente de que asumía una responsabilidad en el Gobierno, en el mes de febrero, están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces en el respectivo Registro de Comercio, que yo dejé en la administración de esa sociedad a la cual se hace mención”.

Alvarado concluyó su defensa manifestando que “esto lo tomo solamente como una falta de argumento, una falta de altura y de una mala calidad de un sector político”. Sin embargo, la diputada Yeomans replicó que “claro, él lo que dice es que en el mes de febrero ya no tiene administración, pero no aclara respecto a su participación en las empresas, y eso es lo que estamos pidiendo que aclare”.

La sesión también incluyó críticas a otras autoridades, como la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, por la polémica del “Estado quebrado”. Parlamentarios opositores responsabilizaron al Gobierno de José Antonio Kast por la situación económica, acusando que “La crisis económica que va a comenzar este jueves es una crisis creada por el Gobierno de José Antonio Kast, que es el alza de los combustibles y, en consecuencia, el alza de los alimentos”, según la diputada Constanza Schonhaut.

El diputado Boris Barrera criticó al Ejecutivo por intentar gobernar “con decretos de manera autoritaria, sin enfrentar el debate democrático aquí en el Congreso”. A pesar de que la iniciativa aprobada contempla apoyos para colectivos y transporte escolar, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez sugirió medidas adicionales como la conversación con empresas concesionarias para rebajar transitoriamente peajes y TAG, señalando que “Que se pueda conversar con las empresas concesionarias para que al menos transitoriamente se bajen los peajes y los TAG es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley”.