El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, se refirió a la creciente preocupación existente en torno a la denominada "ley de amarre" y las posibles anomalías en las remuneraciones y grados administrativos de diversos funcionarios públicos en la zona. La autoridad reconoció que se han detectado situaciones complejas que ameritan una revisión exhaustiva, especialmente tras las alertas públicas emitidas por legisladores locales sobre funcionarios que habrían visto incrementados sus salarios de forma permanente antes del cambio de administración.

Al respecto, el representante del Ejecutivo en la región validó la inquietud de los parlamentarios oficialistas frente a estos hallazgos. "Primero destacar que los últimos días hemos visto que distintos parlamentarios de la región del Maule, la senadora Andrea Balladares, el diputado Jorge Guzmán, el diputado Benjamín Moreno, han aparecido en los medios levantando este tema que es lamentable, porque nos hemos ido encontrando y hemos ido teniendo información de distintas situaciones en distintas seremías en este caso".

Uno de los focos críticos de esta controversia se sitúa en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se investiga el caso de una exautoridad que, tras dejar su cargo político, habría retornado a su puesto de planta manteniendo un grado superior con una remuneración considerablemente más alta mediante un decreto. El delegado Prieto confirmó estar al tanto de estos antecedentes y señaló que la situación no es aislada. "A nosotros siempre nos hubiese gustado partir con las personas de confianza, pero hay distintas situaciones que se van a ir evaluando caso a caso como el caso de la Seremi de Educación, hay casos en el Serviu, hay otros casos en el Servicio de Salud del Maule".

Ante este panorama, Prieto explicó que las medidas de fiscalización instruidas por el Gobierno central para resguardar el correcto uso de los recursos públicos podrían aplicarse prontamente en la zona. "El anuncio que se hizo el día de ayer de la auditoría y todo, si bien van a partir a nivel central, lo más probable que luego lleguen a las regiones cuando tengamos toda la información como corresponde".

La autoridad regional enfatizó que, una vez completado el proceso de instalación de los nuevos secretarios regionales ministeriales, cada cartera tendrá la responsabilidad de iniciar las investigaciones administrativas correspondientes para esclarecer la legalidad y la ética de estos movimientos de personal. "Nosotros ya cuando se asuman todos los seremis y todo, se tendrán que hacer todas las investigaciones que corresponden y vamos a tomar las decisiones lógicas".

Finalmente, el delegado presidencial aseguró que no se descarta ninguna medida administrativa una vez que se cuente con la información técnica completa de cada servicio afectado. "No se descarta, tenemos varia información de servicios que está pasando lo mismo, por lo tanto queremos esperar tener la instalación como corresponde y de ahí empezar a tomar caso a caso y tomar las decisiones que sean las más apropiadas para el bien de todos los maulinos", concluyó la autoridad, priorizando la transparencia y la confianza en la función pública.