La recta final de la actual administración ha encendido una intensa controversia política en la región del Maule. A escasos días del cambio de mando programado para el próximo 11 de marzo, parlamentarios de oposición han denunciado una presunta maniobra administrativa destinada a extender los contratos de autoridades de Alta Dirección Pública (ADP) antes de su fecha de vencimiento original, con el objetivo de blindar cargos estratégicos frente a la llegada del nuevo gobierno.

El foco principal de los cuestionamientos se centró en el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) del Maule. Según los antecedentes revelados, mediante el Decreto Exento RA 272/14/2026, fechado el 19 de febrero de 2026, se ratificó la continuidad de Paula Andrea Oliva Aravena como directora de la entidad. Si bien su periodo original concluía el 16 de marzo de este año, el documento extendió su permanencia por tres años adicionales, prolongando sus funciones hasta el 17 de marzo de 2029.

El diputado Jorge Guzmán fue sumamente crítico frente a esta situación. "Es impresentable, una falta total de responsabilidad política, que el gobierno del presidente Boric esté renovando contratos de Alta Dirección Pública en el Maule, incluso antes de que estos venzan", declaró el parlamentario. En esa misma línea, Guzmán acusó que estas acciones no responden a una continuidad técnica: "De manera burda, buscan dejar amarrados cargos con funcionarios afines al gobierno saliente. Esta es una práctica abusiva, desleal con Chile y con la institucionalidad. De verdad, a algunos en el gobierno se les debería caer la cara de vergüenza por seguir perjudicando al país".

A las críticas se sumó el diputado republicano Benjamín Moreno, quien tildó la situación del SERVIU de inaceptable. "Estamos a días de que termine este gobierno y aún siguen amarrando cargos en los servicios públicos. Renovar hasta 2029 a Paula Oliva como directora del SERVIU del Maule es inaceptable", afirmó. El legislador advirtió sobre las consecuencias de esta medida, señalando que "no es aceptable que se apernen en cargos a personas que han sido parte de una gestión claramente ineficiente. Lo que están haciendo es intentar prolongar en el tiempo autoridades que han sido parte del peor gobierno de la historia".

Moreno también advirtió que estas prácticas se están replicando en otras reparticiones estatales, apuntando directamente al Instituto de Previsión Social (IPS). "Un ejemplo claro es lo que ocurrió con la exgobernadora Cristina Bravo Castro (DC). Hoy está cuestionada y siendo investigada por administración de recursos durante su gestión, y aun así, termina siendo contratada como directora regional del Instituto de Previsión Social", denunció el diputado. Para Moreno, esto "demuestra cómo se están repartiendo cargos sin considerar las condiciones técnicas ni éticas que deberían exigirse para dirigir un servicio público".

Esta ola de renovaciones implicará que la administración del presidente electo deberá convivir con las actuales autoridades o, de lo contrario, asumir los altos costos de indemnización que establece el sistema en caso de remoción anticipada. La situación genera especial tensión considerando que áreas como Vivienda y Salud concentran un alto impacto presupuestario y social en la región.