A escasos días del cambio de mando programado para el próximo 11 de marzo, parlamentarios de oposición han denunciado una presunta maniobra administrativa destinada a extender los contratos de autoridades de Alta Dirección Pública (ADP) antes de su fecha de vencimiento original, con el objetivo de blindar cargos estratégicos frente a la llegada de la nueva administración.

El foco principal de los cuestionamientos se centró en el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) del Maule. Según los antecedentes revelados, el Decreto Exento RA 272/14/2026, fechado el 19 de febrero de 2026, ratificó la continuidad de Paula Oliva Aravena como directora de la entidad. Si bien su periodo original concluía el 16 de marzo de 2026, el documento oficial extendió su permanencia en el cargo por tres años adicionales, prolongando sus funciones hasta el 17 de marzo de 2029. Aunque la medida se ampara legalmente en la Ley N° 19.882, desde la oposición catalogaron esta acción derechamente como un "amarre" político.

El diputado Jorge Guzmán fue uno de los más críticos frente a esta situación, cuestionando duramente el actuar del Ejecutivo saliente. "Es impresentable, una falta total de responsabilidad política, que el gobierno del Presidente Boric esté renovando contratos de alta dirección pública en el Maule, incluso antes de que estos venzan", declaró el parlamentario.

En esa misma línea, acusó que estas acciones buscan proteger a personeros del oficialismo: "De manera burda, buscan dejar amarrados cargos con funcionarios afines al gobierno saliente. Esta es una práctica abusiva, desleal con Chile y con la institucionalidad. De verdad, a algunos en el gobierno se les debería caer la cara de vergüenza por seguir perjudicando al país", aseveró con molestia.

A las críticas también se sumó el diputado republicano Benjamín Moreno, quien calificó de "impresentable" la extensión del contrato en el SERVIU maulino.

Esta renovación implicará que la administración del presidente electo, José Antonio Kast, deberá convivir con la actual directora hasta 2029 o, de lo contrario, asumir los altos costos de indemnización que establece el sistema en caso de remoción. La situación genera especial tensión considerando que áreas como Vivienda y Salud concentran un alto impacto presupuestario y social en la región, además de mantener vigentes proyectos habitacionales y listas de espera.

Este conflicto regional se enmarca en una controversia mayor a nivel nacional respecto a la denominada "Ley de Amarre", normativa incorporada en la ley de reajuste del sector público a fines de 2025 que endurece las condiciones para desvincular a funcionarios a contrata. Mientras que desde La Moneda defienden que estas normativas buscan garantizar la estabilidad institucional y evitar arbitrariedades, el equipo del nuevo gobierno ya ha anunciado una exhaustiva revisión administrativa a partir del 11 de marzo.