La grave situación ambiental que atraviesa el Lago Vichuquén llegó este lunes 12 de enero al hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados. En una sesión especial, se aprobó un proyecto de resolución presentado por el diputado Roberto Celedón, el cual solicita formalmente al Presidente de la República adoptar medidas inmediatas para la recuperación del sistema lacustre.
Durante su intervención, el parlamentario advirtió que el debate se ha desviado de lo técnico a lo partidista. "Lamentablemente, se transformó en lo que hoy llaman un ‘punto político’, un motivo para disparar contra el adversario. Eso desnaturaliza completamente la realidad y la naturaleza del problema", afirmó Celedón, recalcando que esta es la manifestación más severa de una crisis que arrastra antecedentes históricos y que hoy mantiene al sector bajo emergencia sanitaria.
El texto aprobado por la Cámara Baja establece cuatro ejes prioritarios que el Ejecutivo debe implementar: Fortalecer la normativa ambiental aplicable al lago para prevenir futuros colapsos; Asegurar que el Ministerio del Medio Ambiente asesore directamente a las autoridades locales; Dar continuidad y potenciar el Comité Operativo constituido por el Gobierno Regional en diciembre de 2025, además de implementar un sistema de monitoreo público, permanente y transparente sobre el estado sanitario del agua.
En su rol fiscalizador, Celedón reveló una preocupante falta de comunicación con la administración local. El diputado informó que el pasado 9 de diciembre de 2025 ofició al entonces alcalde, Patricio Rivera, solicitando detalles sobre protocolos de emergencia, recursos invertidos y la coordinación con organismos como la DGA y la Seremi de Salud. "A la fecha, aún no contamos con una respuesta oficial por parte del municipio, lo cual es muy preocupante considerando la gravedad de la situación", sentenció el legislador.
Finalmente, el diputado valoró dos acciones paralelas que buscan esclarecer las causas del desastre: el trabajo científico de la Universidad Católica del Maule (UCM), que ya realiza muestreos en la zona, y la decisión del Ministerio Público de abrir, de oficio, una causa penal para investigar posibles responsabilidades humanas en el agravamiento de la contaminación.
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