El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció sobre la controversia generada por la denominada "ley de amarre", una propuesta legislativa que, entre otros puntos, incrementa las exigencias para la desvinculación de empleados a contrata.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de la Moneda, el secretario de Estado aclaró la situación del personal de confianza. "En lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que llegaron a trabajar en el gobierno, en cargos de confianza, por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo", explicó.

Respecto a la advertencia de la UDI de interponer una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si no retira la iniciativa legal, Elizalde enfatizó que este mecanismo del Congreso tiene "una finalidad distinta". Sostuvo que si un parlamentario discrepa del contenido de un proyecto de ley, "lo que corresponde es que vote en contra".

"Pero es absurdo, jurídico y políticamente, que se utilice una amenaza de constitución constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una constitución constitucional e implica, simplemente, desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto de los parlamentarios", afirmó, añadiendo que algunos legisladores de oposición han manifestado reparos a esta acción.

Por otra parte, Elizalde puso en duda la cifra de 33 mil funcionarios que, según un informe del centro de estudios Horizontal (vinculado a Evópoli) y cifras de la Dirección de Presupuestos, se verían beneficiados por esta normativa. "Está señalado en términos del aumento de los funcionarios, hay una diferencia respecto de quiénes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los Servicios Locales de Educación. Por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas", argumentó.

Sin especificar una cifra exacta, ya que, según indicó, el número se actualiza mensualmente, reiteró la postura del Ejecutivo en el marco del acuerdo con el sector público: "Los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, en caso de que se proceda a su desvinculación, se fundamente dicha decisión, porque todo acto administrativo debe ser fundado".