Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, han lanzado una advertencia: presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el gobierno persiste en incluir una norma dentro del proyecto de reajuste del sector público que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.
Esta declaración surge tras la confirmación por parte del secretario de Estado de que el Ejecutivo reingresará dicha disposición al Congreso, a pesar de las críticas de la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo.
Los parlamentarios gremialistas han calificado la medida como un "amarre" y la han tachado de "inmoral", acusando al gobierno de intentar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente.
En sus propias palabras, manifestaron: "No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno".
Asimismo, advirtieron: "Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo".
Los legisladores añadieron: "No permitiremos que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos —especialmente mujeres— sufren el drama de la cesantía".
Ramírez y Alessandri informaron que iniciarán conversaciones con el resto de la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para una eventual acusación constitucional.
Finalmente, sentenciaron: "El gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado".
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