El diputado Benjamín Moreno votó a favor del proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. La iniciativa, responde al creciente impacto que este delito ha generado en el país, especialmente en zonas rurales como la Región del Maule.

Durante los últimos dos años, el robo de cables ha dejado de ser un delito menor para convertirse en una actividad sistemática impulsada por bandas organizadas con fines económicos. Según datos oficiales, en 2023 se robaron más de 255 kilómetros de cableado en el país, afectando a más de 250.000 hogares. Ese mismo año, la empresa Enel reportó el robo de 68 toneladas de cable, con un costo de reposición que bordeó los $2.900 millones.

La situación no ha mejorado en 2024. La compañía CGE denunció la sustracción de 225 kilómetros de cable desde sus instalaciones, un hecho que puso en riesgo el suministro eléctrico de más de tres millones de personas. Pero el problema no se limita solo a la electricidad: este tipo de delitos afecta cada vez más el acceso a internet y telefonía, dejando completamente incomunicadas a miles de familias.

“Aquí no se trata solo de reponer un cable. Se trata de la interrupción de servicios esenciales como electricidad, internet y telefonía, lo que deja a comunidades enteras desconectadas y vulnerables. Es un impacto directo en la seguridad, la comunicación y el desarrollo cotidiano de miles de familias. Y esto es aún más grave en zonas como la Región del Maule, donde la conectividad ya es deficiente y muchas localidades dependen de una sola red para comunicarse o acceder a servicios básicos”, recalcó el diputado Moreno.

A esta situación se suma el crecimiento del contrabando de cobre. El Servicio Nacional de Aduanas informó que solo en lo que va del año 2025 ya se han incautado más de 270 toneladas de chatarra de cobre de origen ilícito, con decomisos relevantes en los puertos de San Antonio (144.741 kg) y Talcahuano (95.687 kg), considerados puntos críticos en la lucha contra estas redes. En total, entre 2023 y 2025, las incautaciones ya superan las 415 toneladas.

El proyecto aprobado modifica el Código Penal y la Ordenanza de Aduanas para establecer penas más severas, especialmente cuando el robo afecta directamente a los usuarios o cuando los delincuentes suplantan a trabajadores de empresas proveedoras. También se penaliza el uso de certificados maliciosos en procesos de exportación, herramienta clave para desarticular a las organizaciones que funden y comercializan el cobre robado.

“Estos no son actos aislados ni menores. Son delitos complejos, bien organizados, que requieren una respuesta firme del Estado. Hoy respondemos con una ley clara y necesaria que protege a las personas y enfrenta con decisión estas redes criminales”, afirmó Moreno.