Apenas a cuatro meses de su inicio, 1 de abril de 2025, el ministerio de Seguridad Pública está en el ojo de la polémica tras revelaciones del diario La Segunda sobre los altos sueldos de sus funcionarios y el cuestionamiento a sus competencias.
Según el portal de Transparencia, 21 trabajadores de la cartera ganan más que el ministro, Luis Cordero ($7.3 millones), mientras que 11 personas reciben más de $8 millones sin contar al subsecretario, Rafael Collado ($10.2 millones). Esta información se dio a conocer tras la exposición en el Congreso Nacional del Informe de Finanzas Públicas.
La situación ha generado críticas por la idoneidad de los funcionarios, con senadores como Rojo Edwards (IND) y Pedro Araya (PPD), sugiriendo que podrían ser operadores políticos en lugar de especialistas en seguridad.
Ante esto, la senadora por el Maule, Ximena Rincón(Demócratas), ofició al ministro Cordero, a su par de Hacienda, Mario Marcel y a la Contralora General, Dorothy Pérez, solicitando explicaciones y la revisión curricular de las capacidades para asumir los cargos.
Realidad en el Maule: Precariedad y Controversia
La seremi de Seguridad Pública en el Maule enfrenta una realidad diferente a nivel central, con fuentes gubernamentales que apuntan a una precariedad para operar y pocos funcionarios. Sin embargo, el principal cuestionamiento en la región se centra en la competencia de sus integrantes, ya que escasea la experiencia en seguridad pública, inteligencia en crimen organizado o conocimiento territorial en el área.
Por ejemplo, la seremi, María José Gómez, es periodista y percibe un sueldo bruto de $3.401.698. Otros funcionarios incluyen a la ingeniera en ejecución de empresas, Nancy Henríquez ($2.674.637); el sociólogo, Fernando Madariaga ($2.072.109); y la trabajadora social, Claudia Rivera ($1.156.561).
El caso del abogado Carlos Rivera: Antecedentes penales omitidos
Uno de los puntos más criticados hacia la seremi en el Maule es la probidad del abogado, Carlos Rivera Hernández, ligado al Partido Socialista y con una renta de $3.201.474. Esto, ya que el Gobierno habría omitido sus antecedentes penales que incluyen una condena por conducir en estado de ebriedad, causando lesiones a dos personas.
Los hechos se remontan al 8 de octubre de 2022, cuando Rivera, entonces jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Presidencial del Maule, impactó otro vehículo en San Rafael, dejando heridos al conductor y a su acompañante.
A pesar de tener la causa vigente, en abril de 2023 fue designado encargado regional de Seguridad Pública y Subjefe del Departamento Jurídico, cargos que ejerció hasta junio de 2025 cuando pasó a ser abogado de la seremi de Seguridad Pública. Aunque desde la Delegación Presidencial se señala que fue separado de sus funciones, posteriormente se reintegró sin un sumario administrativo.
El diputado, Jorge Guzmán (Evópoli), calificó la creación del ministerio como “una nueva mentira del Gobierno” y lamentó que para el Maule “se prometió una cartera con mejores capacidades técnicas”.
“Finalmente, todo se reduce a amiguismo, cuoteo político y a personas no idóneas para hacerse cargo de la seguridad en la región. Es lamentable que incluso tengamos a personas con antecedentes penales, por conducción en estado de ebriedad. Espero que se pueda corregir el rumbo, de lo contrario, el ministerio de Seguridad Pública será una nueva promesa incumplida”, sostuvo Guzmán.
Por su parte, el exfuncionario de la Policía de Investigaciones, Gilberto Loch, especialista en criminalística e investigación científica, señaló que su Centro de Estudios Históricos Forenses está solicitando más información vía Transparencia, para ver los recursos destinados a seguridad y las competencias de los responsables tanto en las seremis como en las oficinas de Seguridad municipales.
VLN Radio contactó a la seremi de Seguridad Pública del Maule, María José Gómez, quien no quiso referirse a los antecedentes penales de Rivera, agregando que la información debía ser procesada a nivel central. En tanto, el delegado presidencial Regional, Humberto Aqueveque (PS), tampoco atendió a los intentos de comunicación.
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