La Cámara de Diputados debatió el proyecto que propone una serie de modificaciones a la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de fortalecer las sanciones aplicables a menores de edad que cometan delitos de especial gravedad.

Entre sus principales medidas, la iniciativa aumenta de cinco a diez años el máximo de internación en régimen cerrado para delitos gravísimos, endurece las consecuencias por el quebrantamiento del régimen de sanción y obliga al juez a considerar el riesgo para la víctima, al evaluar beneficios penitenciarios.

También refuerza la supervisión judicial del cumplimiento de las penas e introduce ajustes normativos, para mantener la coherencia con la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil.

En este contexto, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien votó a favor de la propuesta, destacó la urgencia de “adecuar el sistema penal juvenil a la realidad actual”.

Al respecto, Moreno, indicó que “solo en 2023 se contabilizaron más de 36 mil jóvenes infractores de ley, incluidos 134 casos de homicidio, cerca de diez mil lesiones y casi tres mil delitos sexuales cometidos por menores”.

“El sistema penal adolescente debe estar en sintonía con lo que está ocurriendo en nuestras calles. No puede ser que delitos como homicidio o secuestro con resultado de muerte reciban sanciones simbólicas, solo porque el autor es menor de edad. La vida humana debe ser protegida con la misma fuerza, sin importar la edad del agresor”, afirmó el parlamentario.

Asimismo, agregó el legislador, “el crimen organizado ha aprendido a usar a menores como carne de cañón porque sabe que el castigo es menor. Esta reforma pone fin a esa lógica insostenible y devuelve al Estado su autoridad, frente a quienes eligen el camino de la violencia”.

En el caso específico de la región del Maule, el diputado comentó que en 2023 se registraron 2.412 causas judiciales relacionadas con adolescentes entre 14 y 17 años, ubicando a la región entre las que presentan las cifras más altas del país.

Esta realidad, aseveró el parlamentario, “refleja una tendencia que afecta directamente a las comunas rurales, donde muchas veces los recursos de prevención y control son limitados”.

“Debemos avanzar también en un debate profundo sobre cómo funciona el sistema de reinserción juvenil. Pero primero, debemos ser claros: quien comete delitos gravísimos, aunque sea adolescente, debe enfrentar las consecuencias con toda la firmeza que la ley permita”, sentenció Moreno.