Un nuevo antecedente se suma a la polémica sobre las licencias médicas en la municipalidad de Curicó. Según antecedentes disponibles, durante la administración del exalcalde Javier Muñoz, el municipio habría dejado prescribir el cobro de más de $3.700 millones por concepto de licencias médicas. Este monto debió haber sido reembolsado por instituciones de salud previsionales como Fonasa, Isapres o Cajas de Compensación.
Cuando un funcionario municipal presenta una licencia médica (aceptada o rechazada), el empleador, en este caso la municipalidad, debe gestionar el reintegro de los fondos ante la entidad de salud previsional respectiva. Aunque los funcionarios municipales no reciben directamente el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), el municipio continúa pagando el sueldo completo durante el período de la licencia.
Fonasa, Isapres y Cajas de Compensación, al seguir recibiendo las cotizaciones del trabajador, están obligadas a reembolsar al empleador el monto correspondiente. El empleador, por su parte, tiene la obligación de recuperar dichos fondos, y si una licencia es rechazada, el funcionario debe reintegrar esos recursos al municipio.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado, este proceso no se habría cumplido durante la gestión del exalcalde Muñoz. La Municipalidad de Curicó no habría ejecutado las acciones necesarias para exigir estos reembolsos dentro de los plazos legales, lo que derivó en la prescripción del derecho a cobro y, por ende, en la pérdida de recursos que debieron haber regresado a las arcas municipales.
El diputado por la región, Benjamín Moreno, señaló: “Estamos frente a un hecho gravísimo donde no se habrían recuperado fondos que pertenecían a todos los curicanos, no sabemos si por desidia o ineficiencia de la gestión del exalcalde Muñoz, recursos que pudieron haberse destinado a salud, educación o programas sociales”.
El parlamentario también advirtió que esta situación podría no ser un hecho aislado. “Nos preocupa que esto esté ocurriendo en otras comunas también. Por eso, hemos oficiado a los 30 municipios de la Región del Maule, sin importar el color político, solicitando información detallada sobre las licencias médicas emitidas, incluyendo el tipo de licencia, fechas de inicio y término, el grado o escalafón del funcionario, y qué gestiones de cobranza están realizando cada municipio para recuperar esos fondos”, agregó.
Moreno subrayó que el objetivo de esta acción es evitar que el patrimonio municipal continúe viéndose afectado por omisiones administrativas. “Es inaceptable que recursos públicos se pierdan por no hacer la pega. Estamos hablando de dineros que deberían volver a los municipios y ser usados en beneficio de los vecinos. No podemos permitir que esta cadena de errores e incompetencia administrativa se normalice”, finalizó el parlamentario.
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