La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados acordó discutir un proyecto de ley presentado por la diputada Paula Labra, que busca eliminar la exigencia incluida en la resolución exenta 243, de enero de este año, la cual establece la obligación a los agricultores de notificar al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con 48 horas de anticipación, sobre el uso de plaguicidas.
La parlamentaria fundamentó su propuesta en la necesidad de adaptarse a las realidades del sector agrícola. Según explicó, la exigencia de notificar con 48 horas de anticipación surgió a raíz de la Ley Apícola, publicada en 2022, la cual solo establecía la obligación de avisar a los apicultores dentro del área de influencia de la aplicación de plaguicidas. Sin embargo, esta nueva exigencia, que aplica a todos los predios, ha generado dificultades prácticas, ya que los agricultores deben actuar con rapidez para proteger sus cultivos ante situaciones imprevistas.
"Es impracticable para nuestros agricultores hacer todas las aplicaciones de plaguicidas por calendario, y más inviable aún, exigir que se pueda cumplir con este aviso en 48 horas. La agricultura no necesita más burocracia, esta norma debe quedar sin efecto. El ministro de Agricultura ha demostrado no tener conocimiento práctico de los procesos productivos en el campo”, señaló Labra.
A su vez, la autoridad valoró que la comisión de Agricultura acordara -de manera unánime- discutir su proyecto. De ser aprobado, permitirá que los agricultores puedan tomar decisiones sin cargas burocráticas que la nueva normativa busca imponer a partir del 2026.