Este miércoles sigue en la Cámara Baja la discusión del proyecto de ley que permite a diputadas y diputados acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales, el que será votado en general en esta jornada.

Al respecto, el parlamentario de la UDI, Felipe Donoso, hizo un llamado a sus pares de todos los sectores a aprobar esta iniciativa, la que asegura servirá de “contrapeso político” al poder que ostentan estas autoridades elegidas democráticamente.

En concreto, el proyecto busca establecer las causales específicas para acusar a los gobernadores regionales. Esto, ya que la ley que creó la figura en 2017 estableció los quórums para lograr su remoción, pero no los motivos para iniciar un proceso en su contra.

En ese sentido, Donoso, planteó que se hace “necesario hacer sujetos pasivos de una acusación constitucional” a estos cargos, pues “hoy no cuentan con un contrapeso o control político, más allá de lo que pueda hacer el Consejo Regional”.

“Los gobernadores tienen control financiero y político en sus regiones”, cuestionó el diputado, asegurando que tienen “mucho poder político, por lo que deben tener un control institucional, tal como se hace con los ministros de Estado y otras autoridades que establece la Constitución”.

El parlamentario recordó además que él mismo es “querellante contra la Gobernación Regional del Maule (…) la gobernadora (Cristina Bravo, DC) utiliza el poder de la Gobernación para perseguir a los diputados que somos querellantes, utiliza el micrófono en cada acto público para denostar a los diputados presentes”.

Lo anterior, calificó el legislador, es “inaceptable” porque la “persecución de la corrupción debe ser implacable y no debemos ocupar el poder que el Estado nos otorga, para creer que podemos zafar de la justicia".

Por último, el diputado insistió en solicitar a sus pares “aprobar este proyecto de ley. No para abusar de esta herramienta de fiscalización, como sí lo han hecho algunos partidos políticos en distintos momentos de nuestra historia, sino para contar con una herramienta que nos permita evaluar si los gobernadores regionales se han excedido en sus atribuciones y deben, por tanto, ser apartados del cargo”.