Un grupo de diputadas ha presentado un proyecto de ley en la Cámara Baja con el propósito de reformar varios artículos del Código Penal. El objetivo principal es evitar que personas acusadas o condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a beneficios mientras el proceso judicial esté en curso. La propuesta busca eliminar la posibilidad de que un juez otorgue libertad bajo fianza.
El proyecto surge a raíz del caso de Eduardo Macaya, padre del senador y actual presidente de la UDI, Javier Macaya. Eduardo Macaya enfrenta acusaciones de abuso sexual impropio contra cuatro niñas. Después de más de un mes en prisión preventiva, fue liberado en julio de 2023 cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua modificó su medida cautelar a arresto domiciliario tras el pago de una caución de $150 millones de pesos.
La diputada Marcela Riquelme (ind-FA), una de las promotoras del proyecto, explicó que busca "impedir que en los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto". Destacó que se asumirá siempre que existe peligro para la víctima en estos casos.
Riquelme afirmó que el proyecto pretende proporcionar herramientas efectivas para"evitar posibles revictimizaciones, además de establecer con la gravedad necesaria, la imposibilidad de que quien vulnere tenga beneficios". Esto implica negarles la opción de pagar fianza para acceder a arresto domiciliario o libertad provisional.
La propuesta busca restringir las acciones de aquellos con recursos económicos que podrían beneficiarse de estos privilegios penitenciarios. Riquelme subrayó que "muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos".
La diputada Mercedes Bulnes instó al Ejecutivo a respaldar la legislación y expresó su preocupación, indicando que "son personas que delinquen de manera especialmente peligrosa porque normalmente estas personas inciden y reinciden en estas conductas. Son conductas repetitivas, por lo tanto, su libertad siempre va a ser un peligro para la sociedad y por cierto para la seguridad de las víctimas".
En este sentido, Bulnes asegura que "limitar la libertad bajo fianza a este tipo de delincuentes es una exigencia de la vida social".
Además de Riquelme, el proyecto cuenta con el respaldo de las diputadas Erika Olivera (Demócratas), Marisela Santibáñez (PC), Camila Musante (Ind. PPD), Karol Cariola (PC), Consuelo Veloso (Ind.) y Rubén Oyarzo (PDG).
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