Diputado Moreno denunció a la Dirección del Trabajo ante Contraloría por impresión de libros sobre 50 años del Golpe de Estado
Según el parlamentario de oposición, se estaría infringiendo la Ley de Presupuestos 2023, agregando que "es una prueba más de que, para este Gobierno, la ideología está por sobre la agenda país"
Los diputados del partido Republicano, Benjamín Moreno y Juan Irarrázaval, denunciaron a la Dirección del Trabajo ante la Contraloría General de la República, acusando la autorización y la convocatoria de una licitación pública para la impresión de 2 mil 500 libros sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
Según los parlamentarios de oposición, el organismo estaría infringiendo una prohibición incluida en la Ley 21.516 de Presupuestos del año 2023, al realizar un llamado a licitación el pasado 10 de julio para elaborar los textos de 120 páginas cada uno. Posteriormente, estos serían entregados en cajas al interior de sus dependencias.
“(…) de acuerdo a la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023, se establece que los organismos públicos sólo podrán editar memorias y otras publicaciones, por medios electrónicos, salvo que la ley que los regule [a dichos organismos públicos] indique expresamente que se deben publicar en medios impresos”, apuntaron los legisladores.
En ese sentido, Moreno e Irarrázaval, señalaron que además se estaría infringiendo “el principio de juridicidad y el de legalidad del gasto público, pues vulnera las disposiciones a las cuales deben sujetarse y cumplir todos los órganos de la Administración Pública, incluyendo -ciertamente- a la Dirección del Trabajo”.
“La impresión de estos 2.500 ejemplares es una prueba más de que, para este Gobierno, la ideología está por sobre la agenda país y por sobre las reales necesidades de los chilenos. La irresponsabilidad en el gasto fiscal afecta directamente a quienes más lo necesitan y este Gobierno no termina de entenderlo”, insistieron los diputados.
Con todo lo anterior, el parlamentario Moreno, acotó que “esta licitación debe quedar sin efecto y, por su parte, la Contraloría debe investigar y establecer las responsabilidades administrativas, si corresponden".
Por su parte, Irarrázaval, aseguró que la elaboración de lis libros “sólo busca tener un fin propagandístico. (…) Esto parece ser una práctica habitual en esta administración, ya que el año pasado por semejante motivo tuvimos que presentar una querella criminal contra la Segpres, a cargo de Giorgio Jackson, por la impresión de textos de proyectos constitucionales que ascendieron casi a $600 millones, que finalmente se botaron a la basura”.