El director jurídico del municipio de Curicó, Juan Barrera, informó que una de las exconcejalas que adeudaba dinero por asignaciones y que gastó en cuestionados viajes al extranjero, restituyó la totalidad del monto a las arcas de la administración comunal.
Se trata de Julieta Maureira, quien mantenía un saldo pendiente de $960.691 por traslados efectuados mientras ejercía el cargo en 2013. Por lo anterior, era parte del denominado juicio de cobro de pesos, en el municipio pretende recuperar los recursos utilizados por los exediles, conocidos como los “concejales viajeros”.
El caso involucró a nueve exconcejales curicanos, acusados de rendir boletas y facturas falsas por viajes que realizaron a destinos como Malargüe, en Argentina, China, Brasil, Europa, Estados Unidos, Colombia, Perú y México, en representación del municipio.
En lo penal, en 2017 la Corte de Apelaciones de Talca absolvió a los involucrados, lo que fue ratificado por la Suprema. Sin embargo, algunos aún mantienen pendiente la restitución de los dineros ordenada por Contraloría. Por ello, el pasado martes 18 de julio en el Primer Juzgado de Letras de Curicó se iba a realizar una audiencia de conciliación a fin de llegar a un acuerdo para los pagos, la cual fue suspendida ya que el receptor judicial no alcanzó a notificarlos a tiempo.
A pocos días de la fallida convocatoria, indicó el abogado del municipio, Maureira, “hizo restitución a arcas municipales de los recursos que le fueron asignados en su oportunidad. Fue la totalidad”.
De esta forma, ahora son tres las exautoridades demandadas que no han pagado, correspondientes a Nelson Trejo, con una deuda de $6.840.044, Luis Rojas, con $6.939.854 y Enrique Soto, con $7.079.077. Los dos últimos, detalló Barrera, trabajan actualmente en el municipio.
Al respecto, el abogado sostuvo a La Prensa, que la mayoría de los involucrados ha evitado devolver el dinero, señalando que ya fueron absueltos penalmente por el caso.
“Cada uno tiene sus argumentos para no hacerlo. Ellos aducen de que no tendrían la obligación de reembolsar, pero para Contraloría la responsabilidad penal es una cosa y la responsabilidad administrativa es otra”, aseveró Barrera.
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