Diputada Bulnes aprueba leyes en materia de seguridad en el congreso
La sesión comenzó con un minuto de silencio en honor a la sargento Rita Olivares, quien fue asesinada en una procedimiento policial el pasado domingo.
El pasado martes en la cámara baja ya se aprobaron cinco proyectos sobre seguridad, con materia en delitos de secuestro; porte de armas en lugares altamente concurridos; sancionar el delito de sicariato; reforzar competencias de gendarmería de Chile y crear un delito general de extorsión; y para ampliar las facultades del control policial en medidas de migración y extranjería.
Los dos primeros proyectos aprobados de manera unánime en la jornada anterior, tratan sobre el delito de secuestro y el delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
Sobre estos, la diputada Bulnes comentó que “son dos proyectos que castigan dos situaciones particularmente graves. Tengo muchas dudas que mayores penas hagan disuadir a las personas que cometen delitos, pero es una señal política que damos a la sociedad que estas conductas son intolerables”.
En cuanto a los otros tres proyectos que se vieron en la jornada, la diputada Bulnes asegura que “son de naturaleza muy diversa", el tercero sanciona la conspiración para cometer delito de homicidio calificado, más conocido como sicariato. El cuarto aumenta las facultades de gendarmería.
Y el quinto proyecto, aumenta las facultades de policía en caso de control de identidad en materia de migración irregular, lo cual es “muy importante y necesario”, según palabras de la diputada. Estos proyectos fueron aprobados con 145, 145 y 118 votos respectivamente y pasan a la sala del Senado.
La diputada Mercedes Bulnes aprobó todos los proyectos mencionados anteriormente ya que, según sus propias palabras, ”es hacerse cargo de las necesidades sentidas de la población”
Mañana la cámara de diputadas y diputados votará la “Ley Nain”, que consiste en aumentar las penas por delitos cometidos contra carabineros, policía de investigaciones y gendarmería y la “Ley Retamal”, que consiste en modificar en el código penal para establecer la legítima defensa privilegiada vinculada al ejercicio de la función policial.
Estos proyectos tienen opiniones divididas en el oficialismo.