Una serie de inesperados acontecimientos, como el “estallido social”, la pandemia, las elecciones generales, el proceso constitucional y entre otros motivos, han prolongado por más de cuatro años la polémica discusión en cuanto a la probable aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, que permitiría a Chile unirse a un selecto grupo de países que conforman alianzas comerciales estratégicas que generarían ingresos de hasta mil 200 millones de dólares para el país.
Para la mayoría de los congresistas de oposición, el sellar la inclusión de Chile en el tratado mediante su aprobación, significaría un considerable avance, puesto que “es un proyecto importante y necesario en un país que retrocede a pasos agigantados en competitividad económica”, señaló Carmen Gloria Aravena (IND.-RN), senadora por la región de la Araucanía a Radio Cooperativa.
En tanto por la contraparte de un oficialismo dividido en torno a la discusión, el tratado que es considerado como uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo y que abarca un mercado de cerca de 500 millones de personas, vendría a “recortar el espacio de los Estados para llevar adelante sus políticas públicas” otorgando derechos a las transnacionales para demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales, un tipo de tribunales “ad hoc”.
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