Los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, Cristián Araya y Leonidas Romero, concurrieron a la oficina de partes del Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente, Gabriel Boric, solicitando la inmediata destitución del subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado.

La misiva justifica la petición por la decisión de la autoridad sanitaria de prohibir el uso de los sistemas “body scan”, en las cárceles y centros del Sename del país. Lo anterior, pese a que desde el ministerio de Salud ya se dejó sin efecto dicho oficio, echando pie atrás a la decisión.

Respecto a la determinación inicial de Cuadrado, los parlamentarios la calificaron como una “señal inentendible”.

“Resulta increíble que cuando este Gobierno debe elegir estar del lado de las víctimas, estar del lado de los chilenos que claman más seguridad, no lo duda ni un minuto y se pone al lado de los delincuentes. Las excusas, las razones que daba el subsecretario y que daban de la seremi, más bien parecen razones de poco peso o simples excusas para tratar de tapar una medida a todas luces ideológica”, sostuvo Moreno.

En ese sentido, agregó el legislador, “es increíble que no hayan considerado a los gendarmes que son quienes trabajan día a día en los penales, son los primeros que están dispuestos a exponer su vida por el orden dentro de las cárceles (...) Tenemos tantos problemas en materia de salud y un subsecretario dedicado a entrometerse en temas de seguridad, que tienen que ver con el manejo penitenciario para el cual probablemente no tenga las competencias mínimas, es francamente inaceptable”.

De igual forma, el diputado Araya, también integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, refirió que “estamos en el momento más complejo del país en esta materia y, en una señal inentendible, deciden prohibir que se utilice un sistema que es fundamental para evitar el ingreso de drogas, armas y celulares a los centros penitenciarios del país”.

“Se trata de una señal muy nociva en favor de los delincuentes y en contra de los ciudadanos, que sólo se puede explicar por una cuestión ideológica o porque la autoridad está siendo presionada por organizaciones criminales para que la adopte en beneficio de ellos”, acusó el parlamentario.