Este miércoles, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados realizará una sesión en la que se iniciará la tramitación del proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en los cargos públicos, la dependencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En dicha instancia estará presente el autor de la iniciativa de reforma constitucional y diputado, Hugo Rey Martínez (RN), quien la ingresó el 22 de noviembre de 2018 con el fin de modificar el Artículo 60 de la Constitución.

En detalle, el texto señala que estarán sometidos a estos controles de drogas las y los ministros, diputados y senadores, delegados presidenciales, gobernadores y autoridades tanto de los órganos como de los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, las autoridades municipales y las empresas públicas creadas por ley.

Asimismo, la medida sería extensiva también a quienes postulen a estos cargos, control que será realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).

En la comisión, el diputado Rey, pretende defender este proyecto señalando que si alguna autoridad diera positivo al consumo de alguna sustancia ilícita, ésta sea una causal para la cesación de cargos, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico.

“Esta situación se debe a que hoy ha habido un acto de privilegio a los altos cargos públicos que, solamente presentando un certificado de no consumo, lograban esquivar lo que muchos funcionarios públicos hoy en el país tienen que hacer, que es un examen de drogas”, explicó el parlamentario, haciendo referencia al Decreto Supremo 1.215 del año 2016.

Dicha ley establece que deberán someterse a un control de consumo de sustancias estupefacientes o drogas los funcionarios "hasta el grado de jefe de división o su equivalente. Los cargos superiores sólo deben presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esa causal de inhabilidad".

Sobre lo anterior, Rey, apuntó que “es como si en el mundo privado una empresa testeara a todos los trabajadores y mandos medios, excluyendo a los gerentes”.