Tras la reciente detención del conocido narcotraficante curicano apodado "Luis Miguel", la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público entregaron los detalles inéditos de la compleja investigación que se extendió por cuatro años y que culminó con la formalización del imputado. El comisario Juan Núñez, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Curicó, explicó que el sujeto lideraba una amplia estructura criminal que "contaba con alrededor de 30 personas que se dedicaban al tráfico ilícito de droga". Según el oficial, esta organización mantenía "dominado el sector de la población Santa Lucía con distintos puntos de venta", ejerciendo "el control de la población y los puntos de venta de todos los hechos de violencia que ocurrían durante bastantes años".
El primer gran golpe contra esta banda se registró en diciembre de 2022 mediante la denominada Operación "Tierra Santa", diligencia que permitió el allanamiento de más de 47 domicilios y la detención de 24 de sus integrantes. Sin embargo, el cabecilla de la red logró evadir el cerco policial. Pese a estar prófugo de la justicia, el fiscal Rodrigo Pizarro precisó que el individuo "continuó a cargo liderando esta asociación criminal", operando desde el anonimato e "impartiendo órdenes para que se continuara con este negocio ilícito acá en la comuna de Curicó". La vigencia de su liderazgo quedó demostrada en septiembre de 2023, cuando una segunda etapa investigativa concluyó con la intervención de 33 domicilios y la captura de otros 14 miembros operativos de la estructura.
La extensa huida del líder narco comenzó en el sur del país, para luego trasladarse a la región Metropolitana y posteriormente establecerse en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Fue en esa ciudad donde, en febrero de 2023, las autoridades estuvieron a punto de concretar su aprehensión en las inmediaciones del aeropuerto, pero el individuo "se dio a la fuga de manera bastante cinematográfica con disparos incluidos". Tras este violento episodio, se estableció que el prófugo abandonó el territorio nacional cruzando hacia Bolivia a través de un paso fronterizo no habilitado.
En paralelo al despliegue en terreno, una de las pistas claves seguidas por la Fiscalía fue el rastro financiero de la organización. El fiscal Pizarro indicó que lograron determinar que "las mismas personas que trabajaban para él en estas actividades posteriormente enviaban, remesaban estas cantidades de dinero al extranjero donde él se encontraba". Sumado al rastreo a través de "redes sociales que él utilizaba abiertas con distintos seudónimos", los investigadores confirmaron que el prófugo se ocultaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Con estos contundentes antecedentes, se generó una notificación roja internacional, lo que permitió a la policía boliviana concretar su captura y proceder a su posterior entrega escoltada en la frontera a los detectives chilenos.
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