Ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán se presentó una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales contra la municipalidad de Coihueco, la que incluye imputaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral y represalias por parte del alcalde, Wilson Palma y un funcionario municipal.
Según publicó Biobío.cl, la acción fue interpuesta por una trabajadora que se desempeñaba en el Departamento de Salud Municipal (Desamu), quien asegura haber sido víctima de una serie de conductas de carácter sexual y presiones laborales desde antes de asumir formalmente el cargo.
La denuncia de la funcionaria sostiene que los primeros episodios habrían ocurrido tras aceptar la oferta laboral, momento en el que alcalde le habría comenzado a enviar mensajes insistentes por WhatsApp, con comentarios de carácter personal e invitaciones a reuniones fuera del ámbito laboral.
La mujer afirma que, ya desempeñándose en el municipio, estas conductas se habrían intensificado mediante comentarios insinuantes, invitaciones reiteradas y presiones vinculadas a su situación laboral, además de episodios que describe como control sobre su vida personal y cuestionamientos sobre su apariencia o vestimenta.
En el documento también se acusa la existencia de represalias laborales y hostigamiento luego de que la funcionaria rechazara dichas insinuaciones. Entre ellas se mencionan cambios en sus funciones, dificultades para realizar su trabajo y un ambiente laboral hostil.
La denuncia incluye además antecedentes contra el funcionario municipal, Sebastián Muñoz Montecinos, a quien se atribuyen conductas de hostigamiento laboral relacionadas con el mismo contexto.
Como parte de las peticiones, se solicita que el tribunal declare la existencia de enfermedad profesional y que esta se habría originado en conductas dolosas o negligentes, presuntamente atribuibles a las conductas reiteradas del jefe comunal coihuecano.
Asimismo, se demanda el pago de $140 millones por concepto de daño moral o la suma que el tribunal determine conforme al mérito del proceso.
Adicionalmente, la parte demandante pide que se declare la vulneración de garantías constitucionales, que se ordene la publicación de disculpas públicas en un medio de circulación regional y que se instruya un procedimiento administrativo, para determinar eventuales responsabilidades.
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