Una nueva y preocupante ola de robos se registró durante la madrugada de este jueves en el sector surponiente de la ciudad de Curicó, dejando a varias familias sin suministro de agua potable. Según antecedentes recabados por VLN Radio, al menos cuatro domicilios ubicados en distintos sectores residenciales de la zona fueron blanco de la delincuencia mediante la sustracción de sus medidores.
Los inmuebles afectados durante esta jornada se ubican específicamente en calle Amapolas, Quirigua Oriente, Pasaje Tres y el Pasaje 41. Debido a la estrecha proximidad geográfica de estas direcciones y al corto margen de tiempo en que ocurrieron, se presume que los ilícitos habrían sido perpetrados por el mismo grupo de individuos.
Estos hechos se suman a una serie de delitos de características similares registrados durante este mes de febrero en otros puntos de la comuna. La principal motivación de los antisociales detrás de esta modalidad es la sustracción y posterior reducción de metales valorados, tales como el cobre y el bronce, en el mercado negro. Esta tendencia delictual ya había encendido las alarmas a fines de enero y principios de este mes, con la sustracción de cañerías en la Escuela Palestina y el desmantelamiento de las instalaciones sanitarias del Centro Educativo Integral.
El fenómeno delictual no ha dejado indiferente a las autoridades ni a las empresas de servicios. Desde la sanitaria Nuevosur advirtieron sobre el alarmante aumento de estos casos, los cuales afectan directamente la economía de los hogares. Esto se debe a que, normativamente, el aparato y sus conexiones son propiedad del usuario, por lo que, ante un robo, son los propios clientes quienes deben costear la instalación de los nuevos equipos.
Este ilícito no solo interrumpe un suministro básico fundamental, sino que conlleva un alto costo financiero. Según detallaron desde la empresa, el valor de un medidor nuevo, sumado a los "varales" —que corresponden a las estructuras de sujeción y tuberías asociadas—, puede alcanzar un promedio de 120 mil pesos. Este elevado monto debe ser cubierto obligatoriamente por el afectado para normalizar su conexión, transformando un problema de seguridad pública en un duro golpe al presupuesto familiar.
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