Un nuevo incidente se ha sumado a la investigación sobre la corrupción carcelaria conocida como Operación Apocalipsis. Este lunes, un abogado fue detenido por presuntamente facilitar un teléfono celular a uno de los gendarmes imputados, permitiéndole realizar una comunicación no autorizada mientras se encontraba bajo custodia judicial.

El suceso se descubrió minutos antes de la cuarta jornada de formalización de los funcionarios de Gendarmería implicados en la red. Una capitana de la institución alertó a la situación ante el 12.º Juzgado de Garantía de Santiago. Según los detalles presentados, el dispositivo se entregó con el propósito de enviar un mensaje de voz a una persona aún no identificada.

La irregularidad fue detectada por excompañeros del propio imputado dentro de Gendarmería, lo que desencadenó de inmediato los protocolos de seguridad y la denuncia ante el tribunal. Como resultado, el abogado Gabriel Zambrano fue detenido en el Centro de Justicia. Un fiscal de flagrancia se constituyó para conocer los hechos, según reportó BioBioChile.

Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la cual investiga eventuales delitos vinculados a obstrucción a la investigación y vulneración de medidas judiciales.

Este nuevo antecedente surge en el contexto de la masiva formalización iniciada el pasado viernes, que involucra a 47 gendarmes y 23 civiles acusados de formar parte de una extensa red de corrupción en diversos recintos penitenciarios de la capital. En este marco, la Fiscalía Occidente solicitó arresto domiciliario total para seis civiles identificados como “manilleros”, petición que fue aceptada por el tribunal, junto con un plazo de investigación de 300 días.

Adicionalmente, se decretó prisión preventiva para dos imputados, mientras que la resolución sobre la aplicación de la misma medida para otros 62 involucrados aún está pendiente. Por esta razón, los acusados comparecieron este lunes en calidad de detenidos en tránsito.

La investigación ha logrado establecer que la red operó desde enero de 2020 en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1, y se presume que estaba compuesta por nueve organizaciones criminales. Estas organizaciones estarían vinculadas a delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho y soborno.