Desarticulan banda que falsificó 5.500 certificados de estudio para obtener licencias de conducir

Cuatro personas, incluidos dos funcionarios del Ministerio de Educación, fueron detenidas por emitir más de 5.500 certificados de estudios falsos desde 2020. La banda habría ganado $360 millones, principalmente a través de cobros a inmigrantes.

30 de Septiembre del 2025 · 17:45
Desarticulan banda que falsificó 5.500 certificados de estudio para obtener licencias de conducir
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Por Lucas Sanhueza

Con información de Sala de Prensa

Una compleja investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó este lunes con la detención de cuatro personasdos chilenos y dos extranjeros— acusadas de integrar una banda dedicada a la falsificación de certificados de estudios para facilitar la obtención irregular de licencias de conducir.

Según los antecedentes recopilados por el ente persecutor, los dos ciudadanos chilenos detenidos serían funcionarios del Ministerio de Educación y habrían operado principalmente en la Región de O’Higgins.

El fiscal Javier Von Bischoffshausen explicó la magnitud del fraude, detallando que la banda habría emitido alrededor de 5.500 certificados de estudios falsos desde el año 2020.

Respecto al lucro ilícito, el fiscal detalló: “Otorgaban certificados de educación a ciudadanos extranjeros. Estamos hablando de 5.500 casos. Estamos hablando de que estas operaciones les reportaron desde 2020 a la fecha, más de 360 millones de pesos de ganancia para estos dos funcionarios públicos”.

Roles en la Organización Criminal

Los otros dos detenidos, de origen extranjero, habrían cumplido la función de “captadores”. Su rol era buscar a personas interesadas, en su gran mayoría inmigrantes, que requerían obtener licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales, ofreciendo la documentación falsa a cambio de una comisión.

Los cuatro sujetos fueron formalizados por graves delitos, incluyendo cohecho, soborno, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados y ordenó la retención de los fondos de sus cuentas bancarias mientras se desarrolla la investigación.

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